El 23 de abril pasado el gobierno de la República emitió un decreto instruyendo a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para que hagan una reducción del 75 por ciento en los capítulos 2000 y 3000 de sus presupuestos asignados.
El capítulo 2000 se refiere a lo que la jerga burocrática llama “Materiales y suministros”. El capítulo 3000, a “Servicios generales”.
A título enunciativo, no limitativo, los capítulos 2000 y 3000 incluyen lo siguiente: pagos de luz, energía eléctrica, agua, teléfonos, rentas, papelería, coches y transportes, combustibles, refacciones, materiales de aseo y limpieza, vigilancia, computación, seguridad, servicios financieros, mantenimiento y difusión.
El 22 de mayo, la subsecretaria de egresos y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, turnaron un oficio perentorio a todos los titulares de administración y finanzas de las dependencias del gobierno federal para que procedieran a la “aplicación urgente y categórica de la medida de austeridad” referida.
Se dice ahí que las dependencias solo podrán usar recursos para esas necesidades con lo que les quede, una vez descontado el 75 por ciento.
El descuento está planteado como una devolución de los recursos a la Secretaría de Hacienda. Así lo explica la secretaria de la Función Pública en una carta a la oficial mayor de Hacienda donde puede leerse lo siguiente:
“La Secretaría de la Función Pública (…) verificará que los servidores públicos responsables cumplan con el decreto presidencial y realicen las devoluciones en los montos instruidos”.
La reducción anunciada vale más de 600 mil millones de pesos que el gobierno piensa reasignar a otras prioridades. Queda claro que hay otros beneficiarios del recorte. Queda claro también que, para los recortados, el recorte exigido es austericidio recargado.
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