Con el avance de los contagios del COVID-19 crece la insana distancia del gobierno con sus opositores, incluidas las autoridades estatales de las entidades que no están bajo la administración de Morena.
Ciertamente, sabíamos que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador escapa a los lugares comunes de los llamados retóricos a la unidad nacional. Pero nunca como ahora ésta quedó diluida hasta en las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que antes de la emergencia sanitaria la había invocado.
Y es cierto que las inconformidades de los gobernadores del PAN, del jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y del michoacano perredista Silvano Aureoles provienen desde el inicio del sexenio, con las obligadas desmañanadas para evaluar la seguridad y con el nombramiento de los superdelegados estatales, tan desaparecidos en la tarea de sumar y coordinar esfuerzos en esta difícil coyuntura como centrados en el control del reparto de las ayudas sociales.
Pero lo que hemos atestiguado en los últimos días demuestra que la pandemia vino a profundizar en México la parálisis de la política. Por más que se anuncien reuniones virtuales de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los mandatarios estatales y aun cuando el Presidente repita, ése sí, como lugar común, que tiene muy buenas relaciones con ellos.
Confinados los ciudadanos, los que pueden. Y paralizados los negocios y los políticos, todos. También los del gabinete, cuyos esfuerzos parecen empezar y terminar en las instrucciones de su jefe, renunciando a sus tareas de interlocución con “los otros”.
Es una insana distancia que alarma por el tono de los reclamos de los mandatarios estatales ante la insuficiencia de recursos para atender los enfermos y la falta de insumos en los hospitales. Y, sobre todo, por los oídos sordos del gobierno federal.
Es lamentable que, en medio de la incertidumbre de los ciudadanos por lo que vendrá en su salud y economía, el gobernador Aureoles no tenga otra manera de llamar la atención de la administración central que rechazando, en un video, la idea de que México sea “el basurero de los desechos de China”.
Sin embargo, alarma todavía más la respuesta del presidente López Obrador, quien batea olímpica y públicamente las peticiones de una docena de mandatarios estatales, los encargados de gobernar a la tercera parte de la República, bajo el argumento de que esas quejas carecen de sustento, que él tiene la consciencia tranquila porque sí hay apoyo suficiente para los hospitales.
Y para subrayar la alarma ante la insana distancia política, en sus declaraciones de ayer el Presidente advirtió que debemos prepararnos para que esos reclamos crezcan, a medida que se acerquen las elecciones de 2021.
De manera que ese apunte del presidente López Obrador debe entenderse como un atento aviso de que el portazo a las solicitudes de los gobiernos estatales será la pauta de la relación venidera y que, desde Palacio Nacional, ni en tiempos de pandemia habrá convocatorias al diseño de estrategias conjuntas que incorporen las inconformidades de los otros, así sean representantes también elegidos en las urnas.
Podrá decirse que polarizar y polarizar y polarizar es el estilo del Presidente desde que era el más importante líder social de México. Y que esa forma de administrar el conflicto y de procesarlo siempre será ganadora en un país con tanta desigualdad, millones de personas en condición de pobreza y tantos empresarios y políticos opositores con cola qué pisar, por corruptelas de diversos tamaños y colores.
El problema ahora, con esa tesis de que el pleito siempre termina por acomodar las piezas a favor del estratega, es que estamos ante una situación inédita que obliga a quienes gobiernan a tomar los mejores instrumentos del Estado para preservar la salud, la vida y la economía de la gente, no de los aparatos administrativos.
Una situación inédita que esta semana sumó a dos gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a los reclamos por el desabasto médico COVID-19: Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, y Jaime Bonilla Valdez, de Baja California, quien este lunes confirmó que la denuncia de Eugenio Derbez de los médicos sin cubrebocas respondía a la verdad y ayer se fue duro en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al que calificó de actuar con mezquindades, engañando al presidente López Obrador en el manejo de las cifras y la garantía del abasto. ¿También a ellos les dirán que sus quejas son meras percepciones?
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