Seis meses antes de su asesinato, al periodista Julio Valdivia le llamaron y lo citaron en el centro de su pueblo, Tezonapa, Veracruz, y con cachetadas, gritos y violencia, hombres armados le dijeron lo que debía publicar y lo que no. Él solo confió el incidente a dos cercanos, pero no denunció ante las autoridades.
Tezonapa es un territorio verdoso, húmedo, cercano a Córdoba y al estado de Oaxaca y Puebla, donde abunda bosque templado caducifolio y animales como el zorro, ardillas, coyotes y tlacuaches. Allí creció, ejerció el mejor oficio de mundo, y fue decapitado Julio.
El día de su asesinato, su viuda, Guadalupe, revisó sus cuentas: tenía 700 pesos de ahorros. No le alcanzaría para cubrir los 18 mil de los servicios mortuorios.
Consiguió un servicio barato, y el funeral se llevó a cabo en el patio de su casa. En la ceremonia luctuosa se asustó al abrir el cajón. Los de la funeraria le advirtieron que no pudieron hacer mucho por el cuerpo, que fue encontrado con la cabeza separada del cuerpo, cerca de las vías del tren.
Guadalupe lloró suelta. Contario a las indicaciones, abrió el féretro y encontró a Julio con la cabeza sin colocar del todo con el cuerpo, con un mal embalsamamiento, sangre aún, y sin ropa.
Cuando organizaciones civiles supieron lo que había ocurrido con sus restos, le ayudaron a pagar un nuevo servicio funerario que hiciera un mejor trabajo.
En el patio de su casa, en ese pueblo verde y húmedo, fue llevado de nuevo a embalsamar y ahí mismo, frente a los ojos de los demás, lo volvieron a colocar horas después en una mesa. “No se vale, que así acabe la vida de un colega”, me cuenta dolido un compañero que estuvo cerca de la escena.
Julio, de 43 años de edad y padre de seis hijos, tenía años cubriendo notas policiacas de la zona; un territorio peleado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y pequeñas células de otros grupos remanentes como los Zetas.
Es el quinto periodista asesinado en el país en lo que va del año, y el número 16 del 2019 a la fecha, solo le seguimos a países como Siria. Y, según el conteo de la organización Artículo 19 del 2000 a la fecha suman 135 comunicadores asesinados en México.
La impunidad es el agua negra que alimenta la planta maligna de la violencia contra los periodistas y la libertad de expresión. Casi ningún caso es resuelto y eso permite a narcotraficantes, políticos, líderes y poderosos mandar matar a quien con su pluma los moleste.
“En este país, lo que más nos afecta a los periodistas es la impunidad. La impunidad que se crea desde una Fiscalía que no tiene un ministerio público eficiente, científico, para llevar estos casos a una solución favorable, y encarcelar a los asesinos de periodistas”, ha dicho la periodista y directora del semanario Zeta, Adela Navarro.
Hasta que no se tome en serio el tema, y se actúe y se refleje esa seriedad en resultados, otros colegas corren el riesgo de terminar como Julio.
“Nadie que no haya nacido sólo para eso y esté dispuesto a vivir para eso podría persistir en un oficio tan voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”, escribió García Márquez sobre los que entregamos la vida a hacer periodismo.
Pero no sé si alguien haya escrito sobre cómo puede terminar en México un ser que volcó su vida a ello: así en un patio trasero desfigurado, sin un funeral digno, sin un embalsamamiento digno, sin un féretro digno. Sin justicia, sin un grito que pida fin a la impunidad. Sin una voz unida, que sea muchas voces; que mueva masas, abra ojos y exija un basta.
Ver más en Milenio
