El pleito entre el gobierno federal y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está en un punto sin retorno. La semana pasada, anticipando una acción de la Fiscalía General en su contra, envió un mensaje de conciliación a Palacio Nacional, ofreciendo posiciones políticas a cambio de paz judicial. Ya era tarde. El martes, el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para procesarlo por delitos relacionados con la delincuencia organizada, y el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo ayer al gobernador, sin mencionarlo, que no era una venganza política, pero que no era tapadera de nadie.
La petición del fiscal tiene un doble componente para meter presión al Congreso local, que es el que, por ley, tiene que realizar el proceso, a fin de que no alargue el procedimiento, y hacer pública toda la documentación de la acusación, incrementando la presión para que actúe. Ciertamente es un tema cargado de política y probablemente con intenciones electorales, pero también es una mancha que ha arrastrado García Cabeza de Vaca hace años, que ahora, si es inocente, como afirma, finalmente podrá aclararlo definitivamente en tribunales.
Desde hace ya casi un año se han ventilado en la prensa, a través de filtraciones de procesos en curso –un mal de la justicia mexicana que tiene varios lustros–, las investigaciones del gobierno de López Obrador contra el gobernador de Tamaulipas, a quien en agosto, durante una gira por Reynosa, le dijo en su cara: “Aquí en Tamaulipas, Presidente, nos jugamos todos los días la vida. Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del año que entra (2021), pero éstos son tan irresponsables que no entienden que aquí, ese tipo de politiquería cuesta vidas”.
En ese momento no se refería a Gertz Manero, sino a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien un mes antes había presentado una denuncia contra el gobernador, su madre, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos personas más que “manejan dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción”. Sobre esa base vino la solicitud del fiscal a la Cámara de Diputados, quien jugó políticamente con la ley. De acuerdo con los artículos 110 y 111 constitucionales, el desafuero del gobernador sólo podrá ser resuelto por la Legislatura local, cuya mayoría tiene en este momento el PAN, que es el partido en el poder.
Hace más de 10 años esta columna publicó los presuntos nexos de García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo desde que era alcalde de Reynosa (2005-2007), que fueron negados por él. En 2016 también se publicó en esta columna que el Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde participan autoridades estatales, federales y militares en materia de seguridad, perseguía a Francisco Pancho Carreón, el jefe de Los Zetas en el centro y sur de Tamaulipas. Carreón estaba vinculado a la Sección 103 del Sindicato de Azucareros, uno de cuyos líderes era César Augusto Verástegui, quien era su enlace con los políticos locales, de acuerdo con la información en ese grupo de seguridad.
Poco le importaron a García Cabeza de Vaca esas imputaciones y las alertas rojas que su nombre implicaba. Verástegui había sido secretario de Asuntos Políticos de los azucareros a nivel nacional, de donde saltó a la presidencia municipal de su comunidad, Xicoténcatl, y más adelante a una diputación federal. Verástegui, panista durante toda su carrera política, fue presidente del partido en el estado y se convirtió en uno de los apoyos más fuertes que tuvo García Cabeza de Vaca durante su campaña para gobernador, quien más adelante lo llevó a su gabinete como secretario general de Gobierno.
Los señalamientos al gobernador sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, cuando fue alcalde de Reynosa y diputado local, provocaron que el presidente Felipe Calderón lo obligara a tomar dos veces el polígrafo –detector de mentiras–, cuyos resultados en cuanto a conexiones con criminales dieron negativo. Lo que sí apareció en el polígrafo fue lo que llamaron “abusos administrativos”, que nunca se precisaron de qué se trataba, pero tampoco tuvieron consecuencias para él.
Las imputaciones contra el gobernador se reforzaron durante el juicio al empresario Antonio Peña Argüelles en la Corte Federal de San Antonio, quien cumplía una sentencia breve tras declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, al haber sido el intermediario entre Los Zetas y el exgobernador tamaulipeco, también preso en Estados Unidos, Tomás Yarrington. Peña Argüelles aseguró en la Corte que García Cabeza de Vaca había recibido medio millón de dólares para su campaña para la alcaldía de Reynosa, en 2005. Verástegui dijo en aquel momento que la acusación era una “guerra sucia” contra el entonces candidato a gobernador.
El conflicto entre García Cabeza de Vaca y el gobierno federal se amplió. En agosto pasado retó indirectamente a López Obrador en Reynosa tras la revelación de la investigación en su contra: “Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y a la política”. Para entonces, ya tenía puesto el dedo índice sobre la nariz. Ayer inició su defensa política, pero otra tendrá que ser la estrategia jurídica cuando se vayan presentando públicamente las evidencias.
La solicitud de desafuero del fiscal Gertz Manero unificó al PAN, al verlo como un agravio a un prominente panista, con motivaciones electorales de trasfondo. Lo había anticipado García Cabeza de Vaca desde su discurso de agosto, y tenía razón. Pero es mucho más que eso y tendrá que aclarar jurídicamente, de una vez por todas, sus presuntos nexos con el narcotráfico.
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