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Justamente cuatro días antes del sismo del 19 de septiembre se publicó una importantísima reforma constitucional, por medio de la que se faculta al Congreso de la Unión a dictar un código único (aplicable a toda la República) en materia de procedimientos civiles y familiares.
No es exagerado suponer que el impacto de dicha legislación cambiará de manera radical la forma en la que trabajan los abogados mexicanos, así como el destino de millones de personas que enfrentan problemas ante los tribunales del país.
Cabe sin embargo advertir que en un artículo transitorio del decreto de dicha reforma constitucional, se otorga al Congreso de la Unión un plazo de únicamente tres meses para tener listo el código único. Se trata de un plazo extremadamente breve, que permite augurar que el código se va a redactar, discutir y aprobar sobre las rodillas.
La práctica de legislar “al vapor”, al “cuarto para las doce”, en el “último momento” e incluso deteniendo el reloj legislativo no es algo extraño en la historia parlamentaria del país. Pero sus resultados son funestos. Tenemos leyes muy mal redactadas, que en vez de contribuir a la solución de los problemas, ayudan a crearlos o a agravarlos dada la forma en la que fueron escritas. Ojalá no pase eso con el futuro código nacional de procedimientos civiles y familiares.
Lo malo es que nadie sabe quién se va a encargar de preparar el proyecto, nadie está pensando en organizar foros de discusión para que los especialistas ofrezcan sus puntos de vista, nadie sabe sobre qué base de derecho comparado se debe aprobar el proyecto y así por el estilo. El tiempo pasa y estamos a ciegas.
Y lo mismo puede decirse de otra reforma de gran trascendencia, como lo es la reforma al procedimiento laboral, que afectará potencialmente a millones de trabajadores y patrones. Esta reforma al procedimiento laboral se trata —entre otros aspectos— de desaparecer a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar a paso a la creación de verdaderos tribunales laborales, cuyas reglas de funcionamiento deberán estar listas para febrero de 2018.
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