Este domingo, se cumple un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo evaluar estos primeros 12 meses? ¿Qué deja el arranque de la administración en materia de seguridad y justicia? Van algunas reflexiones rápidas:
1. Por más que se den vuelta a los números, la crisis de violencia persiste en buena parte del territorio nacional. Es cierto que la curva de homicidios se ha aplanado, pero no se ha invertido. Vamos a terminar el año con algo más de 35 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio en la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Eso equivale a un incremento aproximado de 2% en comparación con 2018. Implica además que, en la cuenta de Inegi (siempre un poco mayor que la del SESNSP), vamos a tener una tasa de algo más de 30 homicidios por 100 mil habitantes, la más alta desde 1960.
2. El dato alentador del año es la leve mejoría en la percepción de seguridad. Medida en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), hay una mejoría significativa: el porcentaje de personas que declaró sentirse inseguras en su ciudad pasó de 73.7% a 71.3% entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019. Es necesario señalar, sin embargo, que esa tendencia positiva inició en el segundo trimestre de 2018.
3. Hay poco que presumir en materia de construcción institucional. El proyecto central del gobierno —la Guardia Nacional (GN)— se ha ejecutado bajo el signo de la simulación y el desorden. La transferencia de personal y recursos de la Policía Federal ha sido poco menos que un desastre: el conflicto laboral persiste y, a cinco meses de iniciada la transición, dos terceras partes de los policías federales siguen en el limbo, sin saber si se podrán incorporar a la nueva institución. Peor aún, la GN nace sin plazas ni presupuesto, salvo los que herede de la PF. Casi 80% de sus integrantes están adscritos a la Sedena o la Semar y el requisito de separación funcional de la fuerza armada permanente, establecido en la ley para los miembros de la GN, se está cubriendo con simples oficios de comisión. En el mejor de los casos, esto hace terriblemente frágil a la institución. En el peor, es un fraude abierto a la ley.
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