La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite dos controversias constitucionales interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las leyes de la Guardia Nacional.
“Se requiere al Congreso de la Unión por conducto de las cámaras de Diputados y Senadores y de quien legalmente las representan, para que al rendir su informe envíen a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates”, señala la SCJN en la lista de notificaciones de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
“Se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que en el mismo plazo indicado con antelación envíe a este Alto Tribunal un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en el que se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional. Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, agrega.
El pasado 26 de junio, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez presentó tres acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de Fuerza Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
Las acciones admitidas son las 62/2019 que tiene que ver directamente contra la Ley de la Guardia Nacional, además de las 66/2019 que cuestiona un artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quedan pendiente, las referentes a la Ley de Registro de Detenciones.
Según recoge el periódico Reforma, de la Ley de la Guardia Nacional, el organismo de derechos humanos pide declarar inconstitucional 25 apartados, los cuales, entre otras cosas, permiten a la corporación solicitar a jueces la geolocalización de teléfonos móviles o la información almacenada en ellos, y para la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros.
También se pide invalidar acciones como: “requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación” y “recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva”.
Acciones que, resalta Reforma, eran atribuciones de la Policía Federal y fueron casi transcritas por completo en la Ley de la GN, ésto a pesar de la embestida que el gobierno federal ha encabezado contra la fuerza de seguridad federal de administraciones pasadas.
