Un grupo de senadores del PAN y del PRI presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por actos cometidos cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según establece la solicitud, el hoy colaborador de Claudia Sheinbaum, “ha realizado actos en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y debe ser sujeto de juicio político”.
Entre los 14 legisladores firmantes del documento destacan Manuel Añorve Baños, coordinador de la bancada del PRI; Kenia López Rabadán, vocera de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, y Lilly Téllez.
La solicitud indica que por varios actos realizados por Zaldívar debe ser investigado, ya que pueden constituir violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
Entre los hechos descritos está que Zaldívar inició su colaboración con Sheinbaum antes de haber dejado su cargo como ministro de la SCJN, además de que en el Pleno de ese órgano votó a favor de las iniciativas del Ejecutivo.
Con el procedimiento, los senadores pretenden que Zaldívar Lelo de Larrea sea inhabilitado para ocupar cualquier cargo o comisión en el gobierno mexicano durante 10 años.
Otros senadores firmantes son Claudia Anaya Mota, José Alfredo Botello Montes, Andrea Cruz Blackledge, Claudia Balderas Espinoza, Ángel García Yáñez, Francisco Javier Salazar, Verónica Martínez García, Mayuli Martínez Simón, Mario Zamora Gastélum, Alejandra Reynoso Sánchez y María Guadalupez Saldaña.
El documento fue recibido en la Cámara de Diputados por la Secretaría General, cuya titular es Graciela Báez Ricárdez, a quien está dirigida la solicitud, para que se le dé trámite.
Esto ocurre a unos días de que la SCJN y el CJF iniciarán investigaciones contra el ministro en retiro y varios de sus cercanos por una denuncia anónima por ejercer presiones sobre jueces y magistrados, extorsión y corrupción, entre otros delitos.
Días después Zaldívar amenazó con la presentación contra Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.
