La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que permite a las autoridades acceso inmediato y sin control a toda clase de bases de datos pone en peligro a la población, en especial frente a un sistema político corrupto y coludido con el crimen organizado.
En entrevista con Animal Político, el director de la agrupación Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, Luis Fernando García, dijo que la iniciativa de ley de Sheinbaum, planteada para combatir el crimen organizado y el fenómeno de las desapariciones pone en peligro a la población, pues permite a las autoridades acceder a datos sensibles sin control alguno.
“Es peligrosísimo dar todas estas facultades a estas autoridades sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin control judicial” ni previo, ni posterior, afirmó.
Esto se establece en la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones y otras leyes, que permite que las policías de todos los niveles, las fiscalías y otras autoridades accedan a los datos de cualquier persona en el marco de una investigación al conseguir acceso inmediato a bases en poder de entes públicos y privados.
Se recordará que esta medida está asentada en la Estrategia de Seguridad que presentó Sheinbaum a inicio de su gobierno. Recientemente, se ufanó de las medidas a aplicar para resolver el tema de las desapariciones y entre ellas se encuentra el mencionado acceso.
Así, una medida polémica, que al inicio de su gobierno se presentó como una forma de abatir la inseguridad y la delincuencia, se “coló” como una solución a la crisis de desapariciones, pero lo cierto es que Sheinbaum siempre ha pretendido el control de las bases de datos.
Además, el gobierno actual impulsa la creación de una identificación oficial controlada por la Secretaría de Gobernación que incluya datos biométricos y que sustituya a la credencial de elector. También la creación de la Plataforma Única de Identidad
García dijo a la reportera Marcela Nochebuena que la pretensión gubernamental es “una absoluta desproporción. Algo distinto sería, por ejemplo, establecer mecanismos de colaboración, en donde una autoridad pueda solicitarle a un particular que si cuenta con información de una persona desaparecida, la entregue. Una cosa es esa colaboración y la entrega de información, y la otra es dar acceso irrestricto y consulta inmediata. Eso es absolutamente desproporcionado y una amenaza gravísima para la privacidad”.
Agregó que si es grave la faceta de la invasión a la privacidad, la situación es aún más grave si se considera que en México muchas autoridades están coludidas con la delincuencia, por lo que no es difícil prever un escenario en donde los datos de la gente se entreguen a grupos criminales para favorecer delitos y todo, bajo el pretexto de buscar a los desaparecidos.
Aunque no es el primer gobierno que pretende esto, dijo, “ahora es más explícitamente autoritario y violador de derechos humanos”.
Recordó que la iniciativa de Sheinbaum amenaza con multar a los particulares que se nieguen a entregar los datos solicitados por la autoridad y que lo deberán hacer sin que medie orden judicial.
“Cuando pensamos en los riesgos hay que pensar no en la autoridad honesta, que no sé dónde existe, creo que nadie tiene una imagen de la autoridad responsable, profesional, transparente, sino que debemos pensar en todo lo contrario: en el acceso a esta información por parte de autoridades corruptas, coludidas y sin ningún tipo de control, sin la posibilidad de defendernos, sin saber realmente cómo esos datos están siendo utilizados en nuestro perjuicio”.
A ello se agrega la enorme posibilidad de que los datos se usen con fines electorales, lo que implica un grave daño a la democracia. Otro enorme riesgo es la suplantación de identidad, que pone a las personas es vulnerabilidad personal y financiera.
García aseguró que el acceso a los datos personales y biométricos no favorece el encontrar a un desaparecido, que lo que es necesario es avanzar en la identificación genética de restos humanos.
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