La agrupación Sociedad Civil México alertó que si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia la República se encuentra en peligro, puesto que su proyecto político implica aniquilar la autonomía de la Suprema Corte, profundizar la militarización, desmantelar el INE y los organismos autónomos.
Por medio de un posteo en la red social X, el organismo, que forma parte del Frente Amplio por México, difundió diversos puntos del Proyecto de Nación 2024-2030 que a su juicio son motivo de alerta y de defender “más fuerte que nunca” a Xóchitl Gálvez como una opción para gobernar el país.
Citando como fuente un artículo de Salvador Camarena en El País, Sociedad Civil México dijo que hay que impedir que Sheinbaum llegue a la presidencia pues busca “aniquilar la autonomía” de la SCJN y aplicar la revocación de mandato a jueces. Por ello, llamó a seguir trabajando por llevar al triunfo a la aspirante opositora, Xóchitl Gálvez.
También habrá un “nuevo intento de desbaratar al INE y al TEPJF” y se hará que “el documento de identidad nacional deje de estar en manos de un organismo autónomo (el INE) y pasará a manos del gobierno”, dijo el organismo.
En efecto, en el borrador del proyecto se señala que “se establecerá un Documento de Identidad oficial para todas las personas que residan en el territorio nacional”.
El proyecto propone “ampliar el ámbito de empleo de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo federal para el desarrollo nacional y el bienestar de la población” y dotar a las policías de facultades de investigación.
Con Sheinbaum, dice Sociedad Civil, se eliminará también “el concepto de educación de excelencia en la Ley General de Educación”. Al respecto el proyecto dice textualmente que “se propondrá la eliminación de todas las referencias a “excelencia educativa” o “educación de excelencia” en la Ley General de Educación”.
Salvador Camarena tuvo acceso al más reciente borrador del proyecto político, en el cual se propone “la extinción, readecuación o relocalización de los organismos autónomos o descentralizados cuyo papel, en los hechos, es impedir la ejecución de políticas públicas en favor del país y de la población y poner tales políticas al servicio de intereses de grupos político-empresariales que siguen anhelando la restauración del régimen oligárquico y privatizador para recuperar los negocios ilícitos e inmorales que perdieron”.
El borrador advierte que “se derogará la reforma energética privatizadora de 2013 y se construirá una nueva refinería para consolidar la autosuficiencia en hidrocarburos”.
La agrupación criticó que la exjefa de gobierno buscará prohibir “sin ningún fundamento científico” los organismos genéticamente modificados y ampliará el “fracasado Aeropuerto Felipe Ángeles”. En el proyecto se anuncia que “se ampliará el Decreto Presidencial para prohibir el maíz transgénico, el glifosato y todos los plaguicidas altamente peligrosos”.
Plantea crear la Agencia de Investigación Nacional como parte de la Guardia Nacional. En materia de medios de comunicación, pide “una reforma de medios que separe el poder político del poder mediático con todos sus excesos e imposiciones y establezca condiciones de libertad para los trabajadores de la comunicación, quienes hoy se enfrentan a la concentración del poder mediático”.
Claro está, pide que sigan las mañaneras: “Se institucionalizarán las conferencias de prensa de la persona titular del Ejecutivo como un mecanismo permanente de comunicación, información y rendición de cuentas con los ciudadanos y con los medios”. Y pretende institucionalizar la labor que actualmente realiza Elizabeth García Vilchis, al crear una “institución pública de verificación (fact checking) para combatir la creciente infodemia”.
Y como si fuera algo nunca visto, el proyecto propone fomentar los medios comunitarios. Cabe señalar que la red de radios indígenas tiene décadas de existencia y que en esta administración se hizo muy poco por ellas.
El proyecto morenista menciona que en México “se presenta con frecuencia la disyuntiva de optar entre la justicia o la ley”, para superar dicha disyuntiva, hay que hacer cambios de fondo en la ley y en la Constitución.
Plantea una reforma judicial que “convierta a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en mandatarios, es decir, en receptores de un mandato del pueblo. Es preciso asimismo el establecimiento de un órgano externo de fiscalización administrativa del Poder Judicial”.
En lo político, pide una reforma que “reduzca los desmesurados poderes que actualmente poseen el INE y el Tribunal Electoral sobre los partidos… que obligue a los partidos políticos a operar principalmente con aportaciones de sus militantes y simpatizantes”.
Sentencia que se debe imponer la revocación de mandato “en todos los niveles de gobierno y extenderla a poderes Judicial y Legislativo”.
Además “se modificará el llamado ‘modelo de comunicación política’ en materia electoral que coloca equivocadamente al INE como regulador de medios de comunicación y de redes sociales, al otorgarle el poder de imponer multas y ejercer la censura previa y posterior”.
El documento propone eliminar el actual sistema de pensiones por medio de las Afores para sustituirlo por un “sistema público”, se propone instaurar un seguro de desempleo a nivel nacional y licencias de maternidad y paternidad.
Pide que la Secretaría del Bienestar coordine una red nacional de comedores públicos gratuitos y diseñar un “Programa de Cero Pobreza Extrema”, un Sistema Nacional de Cuidados para remunerar a las personas dedicadas a cuidar a otras, justicia con perspectiva de género y con énfasis en la prevención y reparación del daño.
“Se continuarán y extenderán los programas Sembrando Vida, Bienestar para el Campo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, BienPesca y Precios de Garantía. Tales programas se aplicarán de manera que los subsidios no generen dependencia sino que terminen cuando las economías apoyadas se hayan vuelto ambiental, económica y socialmente sostenibles”.
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