En su revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) otorgó pagos a 172 beneficiarios “no vivos”, e irregularidades en estímulos económicos por cerca de 19 millones de pesos.
En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF encontró, entre otros aspectos, que el programa Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conahcyt no cuenta con un padrón de beneficiarios, y que en el que publicó en 2022, integrado por 36 mil 624 investigadores, fueron incluidos 172 “no vivos”, además de que no consideró a 19 que sí recibieron pagos.
También halló que en ese programa, a cargo del organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, también se registraron irregularidades en pagos de estímulos económicos por 18 millones 836 mil 900 pesos. De esa cantidad, 15 millones 331 mil fueron pagos improcedentes, y el resto, 3 millones 505 mil 900 pesos, fueron considerados pagos en demasía.
Estos últimos pagos, añade el documento de la ASF, fueron porque el Conahcyt no logró acreditar dependencia económica, que los beneficiarios de investigadores fallecidos cumplieran con los requisitos para recibirlos. Tampoco se mostraron convenios firmados ni que los becarios estuvieran adscritos a instituciones de educación superior o centros de investigación públicos, además de que se omitió el descuento de pagos ya realizados, entre otras anomalías.
A eso se añadió que hubo pagos a cinco investigadores eméritos de los que no se demostró prueba de vida, pero a quienes sí se les hicieron por una cantidad de 2 millones 835 mil 200 pesos.
