La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, una multa al partido Morena por 725 mil 400 pesos impuesta por opacidad.
Originalmente, la multa fue impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó varias denuncias contra Morena ante la inobservancia del partido de publicar información oficial en el Sistema de Portales de obligaciones de Transparencia (SIPOT).
En dicho mecanismo, el partido está obligado a transparentar los convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; actas de sesiones ordinarias y extraordinarias; gastos de representación y viáticos; método de selección de candidatos y sus obligaciones, así como de los derechos de los aspirantes y candidatos; informes de resultados de las auditorías a ejercicios presupuestales; montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial; tabulador de remuneraciones; resultados de la dictaminación de los estados financieros y las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas.
Morena, en lugar de hacer una evaluación sobre sus mecanismos de transparencia, cuestionó la legalidad de las resoluciones del INE, según destaca el Tribunal, porque, a su juicio, los dictámenes se emitieron fuera del plazo legalmente previsto, además de que fue incorrecta la individualización de las sanciones y la multa la consideraron excesiva.
Durante la sesión pública de este viernes, sin embargo, los magistrados determinaron que, en primer lugar, de conformidad con la Constitución, el INE es competente, entre otras cuestiones, para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la normativa que les resulta aplicable y, de ser el caso, para conocer de las infracciones e imponer las sanciones que correspondan, por el incumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
