Lejos de ser “un revés” para el INE, las recientes resoluciones del Poder Judicial en torno a la revocación de mandato son una buena noticia, ya que proveen una ruta clara de acción para el organismo y lo blindan jurídicamente en caso de que el ejercicio no tenga las características que marca la ley, dijo Lorenzo Córdova.
En el artículo Buenas noticias para el INE, publicado este 10 de enero en El Universal, Córdova aborda nuevamente el tema más relevante de los últimos meses: la revocación de mandato ante la insuficiencia presupuestal.
Ante la revocación de mandato el INE se encuentra en una disyuntiva con solo dos grandes alternativas: o se le dan los recursos faltantes o se permite que el ejercicio se realice “sin cumplir todos los requisito que impone la ley”, consideró.
Señaló que ante la posibilidad de que no se le den al organismo los recursos faltantes para que la revocación cuente con todas las características de una elección federal (como lo marca la ley), la opción es trabajar en su organización y realización “hasta donde alcance” con los recursos disponibles.
Afirmó que las recientes resoluciones del Poder Judicial relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato (RM) son una buena noticia para el Instituto Nacional Electoral”, pues “blindan jurídicamente al Instituto en caso de que la RM tenga que organizarse, por falta de recursos suficientes, sin las características que pide la Ley, porque nadie –en su sano juicio– podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal”.
Las resoluciones esclarecen el complejo dilema en el que se había colocado al organismo “luego de la irracional reducción que la Cámara de Diputados le aplicó al presupuesto que se había solicitado”.
El dilema solo tiene dos salidas: obtener más presupuesto o hacer un ejercicio sin las características que impone la ley.
Para Córdova, lo dicho por la Suprema Corte de Justicia autoriza al INE a hacer la revocación “con lo que los recursos disponibles permitan; hasta donde alcance, pues, nos dice la Suprema Corte”.
A ello se agrega la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que el INE explore opciones de gestión presupuestal sin afectar sus obligaciones sustantivas, incluidas las laborales.
“La resolución del TEPJF es también una buena noticia, pues marcó una ruta clara y cierta sobre la que el INE debe avanzar en la organización de la RM”, agregó.
Y anunció que en los próximos días “el Consejo General adoptará nuevas medidas para, por un lado, tratar de incrementar el monto de recursos disponibles, que resultaron de los ajustes presupuestales que ya se hicieron previamente; y, por otro lado, para tratar de reducir los costos de la RM manteniendo su realización dentro de los márgenes de riesgo aceptables para garantizar su viabilidad operativa”.
Si luego de ello persiste la insuficiencia presupuestal “tenemos una ruta clara”: solicitar a la SHCP los recursos requeridos.
Para el consejero presidente las dos resoluciones no son en lo absoluto un revés para el organismo, sino fallos que indican claramente una ruta a seguir al tiempo que el INE permanece protegido.
Eso no es poca cosa en estos tiempos, dijo, pues “hay quienes están dispuestos a usar el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes ejercemos y defendemos la autonomía del INE”.
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