A pesar de que en el discurso el gobierno de México asegura atender las diversas violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que el sello distintivo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se han incrementado la tortura, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En el capítulo dedicado a México en su Informe Mundial correspondiente al 2021, difundido a nivel mundial justo el mismo en que el tabasqueño rindió su informe por los primeros 40 meses de gobierno, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) advierte que además de prevalecer las violaciones en las garantías individuales de la población, “estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”.
HRW expresa su preocupación de que el presidente López Obrador haya ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
Recordó que en noviembre de 2019, el Senado seleccionó a Rosario Piedra Ibarra para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Muchos defensores de derechos humanos consideraron que su designación era inconstitucional, alegando que, como exintegrante del comité ejecutivo del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para operar de manera autónoma y apolítica”.
En el apartado referente al sistema de justicia penal mexicano, Human Rights Watch destaca que es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal.
“Según la organización no gubernamental México Evalúa, apenas 5.2 % de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, apuntó.
El organismo internacional afirma entonces que “en general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones”.
El informe también advierte que la prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual “viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla”.
Por si fuera poco, destaca que “la Fiscalía General de la República no ha implementado adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. En 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018”.
Por lo que respecta a abusos militares y ejecuciones extrajudiciales, HRW reporta que México ha dependido en gran medida de las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico y la delincuencia organizada, propiciando violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos militares.
Al respecto considera alarmante el hecho de que el presidente López Obrador haya ampliado considerablemente el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, en muchos casos reemplazando a autoridades civiles.
“Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos”, advierte.
Human Rights Watch también reveló que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. “La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público. Las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales”.
La organización observadora de los derechos humanos informa también que miles de personas desaparecen cada año en México. La policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de numerosas desapariciones.
“Son pocos los casos en los cuales los agentes del Ministerio Público y la policía intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables. Los familiares de personas desaparecidas han creado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones; como parte de ello, a menudo incluso han excavado fosas clandestinas”.
Hasta septiembre de 2021, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se habían registrado más de 90 mil personas desaparecidas, la mayoría desde 2006. “Las autoridades han reconocido públicamente que la cifra real posiblemente sea mayor. La mayoría de estas personas tiene entre 15 y 30 años y proceden de familias de bajos ingresos”. Así “más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018”
Además, entre 2006 y 2020, al menos 50 mil cuerpos pasaron por la custodia de servicios de medicina forense locales y de los estados sin ser identificados adecuadamente. La mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Entre 2006 y 2021, las autoridades indicaron haber encontrado al menos 4 mil fosas comunes.
En el apartado de “Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos”, HRW expresa su alerta de que comunicadores y activistas —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— “han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas”.
Y como ya se ha mencionado, Human Rights Watch confirmó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en cuanto a cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras”.
En 2020, periodistas registraron 692 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Este sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento. La organización Articule 19 informó sobre cinco periodistas asesinados en circunstancias relacionadas con su trabajo entre enero y septiembre de 2021.
HRW destaca que en México “las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010 hasta agosto de 2021, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar delitos contra periodistas ha iniciado más de 3 mil 362 investigaciones, presentado 265 cargos por delitos y obtenido 25 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura”.
Por si fuera poco, “México también es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. Entre enero y septiembre de 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 10 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca son investigados ni juzgados”.
Human Rights Watch reveló que el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual. “Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales”.
En México las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2020, el gobierno reportó casi mil femicidios, que consisten en la privación de la vida de una mujer debido a su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de femicidio sean reportados.
En materia de movilidad, HRW advirtió que es habitual que carteles delictivos, delincuentes comunes y, en ocasiones, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados.
Acusa que el gobierno de López Obrador ha participado activamente en políticas de migración abusivas de Estados Unidos: “No brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo, incluyendo muchas familias con niños, que fueron enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México” (Remain in Mexico). Muchos sufrieron abusos por parte de cárteles delictivos o autoridades mexicanas. El presidente López Obrador dijo que había sido “muy bueno el resultado” del programa”.
Además, el gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas.
El Informe de Human Rights Watch en su capítulo México 2022 también incluye reportes en materia de orientación sexual e identidad de género, derechos de las personas con discapacidad, Covid-19, Política sobre el cambio climático, Actores internacionales clave y política exterior.
