Mientras personajes como Sabina Berman, John Ackerman y Hernán Gómez cuentan con excelentes sueldos, al menos 50 trabajadores de Canal Once, algunos con 20 años de antigüedad, han sido despedidos de manera arbitraria y sin respeto a sus elementales derechos laborales.
A través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación y la opinión pública, los trabajadores despedidos denunciaron que, “sin previo aviso, como si fuéramos delincuentes” fueron inhabilitadas sus computadoras y posteriormente se les comunicó que el contrato de trabajo había terminado. “En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados”.
Indicaron que cuesta trabajo creer cómo un gobierno que ha proclamado como propósito elevar el nivel de vida de los mexicanos, así como respetar los derechos humanos y laborales, lleve a cabo acciones como ésta. “¿Por qué entonces ese inhumano desprecio por el destino de miles de trabajadores del sector público que son lanzados a la calle sin indemnización, sin ofrecerles ninguna alternativa de empleo? Vamos, ni siquiera un trato humano a la hora de echarlos a la calle como viles desechos y víctimas de la así llamada Cuarta Transformación”, manifestaron.
Asimismo, denunciaron que mientras se despiden a decenas de trabajadores con antigüedad se están contratando a recomendados y amigos del director José Antonio Álvarez Lima, así como de su mano derecha, Diana Esperanza Constable Thompson; todo ellos, según dicen, sin los conocimientos necesarios ni capacitación para desempeñar el trabajo correspondiente.
“Esto contradice lo afirmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no permitir el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo”.
De hecho, aseguran que Álvarez Lima nunca se presentó como director ante los trabajadores y acusan una actitud soberbia de su parte.
Finalmente, los trabajadores exigen a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión; Mariano Alberto Rodríguez Casas, Director del Instituto Politécnico Nacional, o en su defecto, a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, y al propio Álvarez Lima que tomen conocimiento y ofrezcan una solución que reivindique sus derechos laborales.
