La Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el sistema de educación superior que era uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la materia para ampliar la cobertura, ha terminado por ser un fracaso más, aunque de los menos mencionados por haber otros más sonoros.
En el proyecto obradorista de educación superior ha habido problemas laborales como despidos injustificados y falta de derechos a los trabajadores; insuficiente planta académica; no entrega de títulos a quienes han cubierto los requisitos; no inscripción a quienes tengan otros estudios de educación superior; opacidad; irregularidades en el ejercicio de sus recursos, e incumplimiento en requisitos para la construcción de planteles, entre muchos otros.
Entre los problemas que se han denunciado está el de decenas de académicos que han sido despedidos injustificadamente de sus cargos en el Organismo Coordinador de la Universidades para el Bienestar Benito Juárez, y que actualmente dan la batalla en la Junta de Conciliación y Arbitraje en defensa de sus derechos.
Al respecto, el gobierno federal alega una práctica que se ha usado en otras administraciones morenistas (por ejemplo, en la Ciudad de México con el programa Pilares) con trabajadores: que más bien son beneficiarios de programas sociales, los que son pagados con partidas de subsidios, por lo que se pretende argumentar que carecen de derechos laborales.
Según informó Proceso, el año pasado los recursos que recibió el sistema por “subsidios” fueron mil 472 millones de pesos, casi el 99 por ciento de los recursos que se le entregaron. Además, los docentes son llamados “voluntarios participantes en el programa bajo el concepto de servicios educativos”. Así ocurre desde 2019, aunque las autoridades prometieron avanzar en la formalización de los contratos, lo que no ha ocurrido.
Otros despidos injustificados en ese sistema ocurrieron en 2021, cuando más de 120 profesores fueron echados mediante una carta en donde sólo se les notificaba pero no se les explicaba el motivo de su salida, aunque posteriormente se enteraron de que, pese a los concursos, se consideró que no cumplían con los perfiles del cargo e incluso que se trataba de que algunas carreras eran consideradas “neoliberales”.
Sin embargo, las autoridades del Trabajo consideraron que esos trabajadores eran beneficiarios de programas sociales, por lo que sus demandas no procedían.
Un problema grave del sistema obradorista de educación superior es la falta de docentes respecto al número de alumnos que atiende, lo que va en detrimento de la calidad educativa. Así, por ejemplo, se calcula que mientras la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional cuentan con 19 profesores por cada 100 estudiantes, las universidades del Bienestar apenas tienen dos por cada centenar.
Otro asunto han sido las denuncias porque las universidades Benito Juárez no han entregado sus respectivos títulos a los alumnos que han cubierto los requisitos establecidos en sus propios reglamentos, por lo que incluso el sistema recibió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Una parte de los estudiantes han sido afectados por el mal funcionamiento del sistema: así, por ejemplo, en marzo de este año se informó que al menos a 200 alumnos de varios planteles en cuatro estados de la república les fue negada la inscripción a las universidades de López Obrador debido a que tenían estudios truncos o terminados en otras instituciones.
Desde 2018 se informó que en el nuevo sistema de educación superior habría espacio para jóvenes que no pudieran ingresar en otras universidades; pero en 2022 su reglamento fue modificado y se estableció que no serían inscritos estudiantes que ya antes hubieran cursado otros estudios de nivel superior, lo que fue dado a conocer hasta noviembre de 2023.
Sin embargo, se negó la inscripción hasta a alumnos que ya estaban en las universidades Benito Juárez antes de ese cambio en el reglamento de la institución. Ante ello, algunos hasta han buscado un amparo.
También se ha mostrado que el sistema obradorista de educación superior opera en la opacidad, ya que difícilmente entrega información sobre los recursos que recibe y su utilización. Así, reportó Proceso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló debilidades y fallas en su diagnóstico e implementación, mientras que en 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, en la construcción de un centenar de planteles, el 80 por ciento de los proyectos no cumplían los requisitos de elegibilidad.
En los informes sobre la Cuenta Pública 2022, que entregó este año, la ASF también detectó irregularidades cometidas en 2022 en las universidades Benito Juárez, y reportó que su organismo coordinador debe hacer aclaraciones por 66.9 millones de pesos.
Esos son apenas algunos de los problemas que ha presentado el sistema de educación superior impulsado por López Obrador en su gobierno, cuyo decreto de creación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2019. En su página web se especifica que cuenta con 203 planteles (en ese mismo sitio se presentan los domicilios e imágenes de ellos, aunque en varios casos se utiliza una misma fotografía para ilustrarlos), en los que se ofrecen 37 carreras a 62 mil estudiantes, de los cuales, según información hasta mayo de 2023, se habían titulado apenas 663. Para este año se le asignó a ese proyecto un presupuesto de mil 547 millones de pesos.
