No es más que una estratagema electoral el paquete de reformas del remendado “plan c” que López Obrador anunciará el 5 de febrero. El variopinto contenido que él mismo ha esbozado, lo ideó para dotar de discurso populista a Morena y a sus escuálidas candidaturas, pero Xóchitl Gálvez y la oposición pueden neutralizar la maniobra oficial si la rebasan por la izquierda.
Abandonada su función de gobernar para todos, el presidente saliente se dedica a dirigir la campaña electoral de su partido, violando con descaro y flagrancia la ética del servicio público y la Constitución. Es por ello que, al final de su sexenio, propone una decena de reformas encabezadas por su contrarreforma electoral y su Guardia Militar (ya fracasadas), las que ahora complementa con la desaparición de los órganos autónomos e iniciativas demagógicas como la indexación del salario mínimo a la inflación y las pensiones con el 100% del último salario devengado (me apunto). Añadirá otras ocurrencias carentes de sentido, como la prohibición del consumo de fentanilo (que dejaría sin anestesia a las personas lesionadas y a quienes deben someterse a una operación quirúrgica), más las que se acumulen.
Haciendo a un lado las intenciones electoreras de AMLO, se debe revisar el tema de las pensiones. El régimen pensionario de quienes cotizan al IMSS, ISSSTE y tienen cuentas individuales en las Afores ofrece una expectativa injusta para quienes han trabajado toda la vida. Al pensionarse, apenas perciben una pequeña fracción de su último sueldo y, en muchos casos solo alcanzan la Pensión Mínima Garantizada (que equivale a un salario mínimo). Es pertinente que se revisen
estas injustas condiciones, pero el inquilino de Palacio Nacional no pretende, de ninguna manera, que sus iniciativas sean aprobadas y que se conviertan en ley vigente. Al contrario, lo que AMLO busca es que sean rechazadas, incluida la reforma a las pensiones. En su esquema, esto “probaría” que la coalición opositora defiende privilegios y se opone al pueblo, narrativa en la que en adelante se basará la campaña electoral del grupo en el poder.
El paquete de reformas es un “plan c” remendado, pues, originalmente, este proyecto se limitaba a la iniciativa para que los ministros de la SCJN fueran electos por voto popular y estaba prevista para septiembre. El tema no atrajo la atención de la población y es por ello que su promotor amplió el temario y adelantó su presentación, remiendos que además son indicativos de que las cosas no pintan bien ni para su corcholata ni para su intención de hacerse con la mayoría calificada en el Congreso.
La oposición debiera responder con inteligencia estratégica a esta maniobra de polarización. Debiera ser terminante en su rechazo a la antidemocracia, pero selectiva en la aceptación de los temas de impacto social. Rebasar por la izquierda el llamado “plan c” dejaría varado el discurso polarizador.
En ese sentido, se sugiere que la coalición PAN-PRI-PRD rechace tajantemente toda propuesta destructora de la democracia, de la división de poderes y de los órganos autónomos, así como los demás disparates que el presidente formule. Pero, en atención al injusto trato que reciben los pensionados y jubilados, la oposición debiera respaldar la propuesta de elevación de las pensiones.
No sería este un respaldo incondicional, pues los legisladores opositores estarían obligados a presentar condicionamientos que aseguren la viabilidad
presupuestaria de la iniciativa, garanticen su sostenibilidad en el largo plazo y eviten que se convierta en combustible para el clientelismo electoral.
Con una posición así, la nueva estratagema obradorista iría directamente al naufragio, al tiempo que se fortalecería la relación que Xóchitl Gálvez y la oposición mantienen con los trabajadores que cotizan en el IMSS y/o ISSSTE y que tienen cuenta individual en las Afores.
Cincelada: Alimentada con miles de millones de pesos en contratos de adjudicación directa, el capitalismo de cuates de la 4T confluye con un acentuado influyentismo-nepotismo.
