El presidente tras las rejas

Meter a un expresidente a la cárcel forma parte de algunas de nuestras obsesiones colectivas. Alimentadas por leyendas negras y por toda clase de fantasías, se cree que la culminación de nuestro crecimiento democrático y de la cancelación de la impunidad, se consolidará una vez que veamos tras las rejas a quien tuvo un inmenso poder por seis años.

Es un tema complicado y hasta escabroso. En primer lugar se requiere algo de qué acusarlo. El malestar y el enojo no bastan.

Se necesitan denuncias, indicios y luego pruebas y más pruebas. El daño que puede causar un proceso de semejante magnitud obliga a la reflexión y a la ponderación. No se trata de dar cartas de impunidad, pero tampoco de generar crisis donde no tiene que haberlas.
Después hay que buscar un fiscal que se eche sobre los hombros semejante empresa.
Sólo Luis Echeverría terminó en arresto domiciliario y por un par de años, aunque los delitos por los que se le acusó eran de lesa humanidad e inscritos en el periodo de la guerra sucia.

Esto es, los señalamientos en su contra respondieron a episodios del pasado que marcaron nuestra historia y que debían (aún deben) tener respuesta.

Sin embargo, es una irresponsabilidad el alimentar las venganzas públicas para construir apoyos o fortalecer agendas.

Uno de los factores que explican el avance de los grupos antisistema es precisamente el de la destrucción de la convivencia y el debilitamiento de las instituciones.
Supongo que el candidato del PAN, Ricardo Anaya, debe de estar furioso por las indagatorias que la PGR abrió y en las que podría terminar implicado. Tiene todo el derecho de defenderse.

Me parece, sin embargo, que equivoca el rumbo al anunciar que meterá a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto, ya que no puede hacer eso, inclusive si ganara la elección, por la sencilla razón de que la privación de la libertad sólo la puede ordenar un juez.
Además, ello contradice la lógica de una fiscalía con autonomía constitucional, la que no puede estar atada a determinaciones de carácter político y se vulnera el principio de presunción de inocencia, que es la base del nuevo sistema de justicia.

Para colmo, la comisión de la verdad, acompañada por observadores y organismos internacionales, si es que prospera la idea, vulnerará también al fiscal de la nación y pondrá en entredicho la soberanía.

En el fondo lo que está en juego no es el futuro del presidente o del expresidente, cualquiera que sea, sino el propio Estado de derecho, hoy sometido a presiones inauditas, por propios y extraños.

Hay que cuidar que la contienda no se vuelva un litigio en las barandillas, por todo lo que ello puede implicar.

Este artículo fue publicado en La Razón el 8 de marzo de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.