Inclusión financiera sí, pero con marginación social
El drama mexicano no es la pobreza, es la desigualdad en la distribución de la misma. La economía mexicana ocupa el lugar número 13 del mundo; sin embargo, hay 56 millones de pobres, de los cuales 11 lo son al extremo.
Reformas financieras y fiscales han contribuido a incrementar la recaudación, las laborales a mitigar, casi hasta la extinción, las huelgas, pero no han alcanzado, ni las unas ni las otras a incrementar el salario mínimo ni lo han llevado a un rango de mínimo bienestar universal.
El poder adquisitivo sube gracias al control inflacionario, a la contención lograda en una actividad económica rica en exportaciones pero pobre en lo interno, cuyo consumo se mueve a costa del crédito todavía caro pero inevitable y con el cual la mayoría accede a cierto nivel de bienestar y a algo de movilidad social.
En este contexto, el gobierno federal promueve la inclusión financiera; 32 por ciento de la población no utiliza aún servicio financiero alguno, lo que a decir de las autoridades hacendarias lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) es una radiografía sobre la riqueza y la pobreza a nivel de calle y de bolsillos, no de bolsa ni de valores. De los 51.7 millones de mexicanos económicamente activos, sólo el 1.7 por ciento tiene ingresos superiores a 20 mil pesos mensuales. El 20 por ciento, es decir, gana entre 5 y 8 mil pesos al mes. Otro 10 por ciento debe arreglárselas con mil 500 pesos.
La ENIF fue elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en conjunto con el Inegi. Las cifras no son percepciones subjetivas. Al presentar la Política Nacional de Inclusión Financiera, el pasado martes, el Presidente Peña Nieto ubicó seis ejes rectores de dicho esfuerzo:
Desarrollo de conocimientos para el empleo eficiente y responsable del sistema financiero. Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. Desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas. Mayor acceso y uso de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida. Mayor confianza en el sistema financiero, a través de mecanismos de protección al consumidor y generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.
Energía de gobierno que busca por estos mecanismos aterrizar beneficios palpables para la mayoría de la población, una misión compleja, árida en tanto debe confrontarse la teoría con la práctica, cuando el acceso a estos servicios se va dando por la convergencia tecnológica más que por el andamiaje de políticas públicas certeras.
Hablar de inclusión choca con la creciente economía informal que sube conforme la formal resulta insuficiente e incapaz de responder a la demanda de la mayoría que no puede alinearse con la riqueza del país, ni compartir ni disfrutar su bienestar macroeconómico.
Este artículo fue publicado en La Razón el 23 de junio de 2016, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.