La CIDH rechaza el caso de Rubén Núñez

La CIDH no deja de ser un cuerpo politizado. Descrita en términos coloquiales: es una olla de grillos en la política del continente. Se dedica más a ello que a los derechos humanos. Por eso rechazó intervenir en los casos de los líderes de la CNTE.

El grito en el cielo de la Coordinadora llegó rápido: “Tiene la obligación de defender a nuestros líderes presos. Se lo hemos pedido y no nos ha escuchado. El estado de salud de Rubén Núñez es delicado y si algo le sucede, será su responsabilidad por no actuar”.

¿Debe la CIDH atraer el caso de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, detenidos por lavado de dinero? Si debe o no, ello depende de sus intereses particulares, pues ese organismo escoge sus compromisos con más sentido político que de derechos humanos.

Y en México prefiere quedarse con el caso Iguala, por el cual ya recibió dos millones de dólares y acaba de negociar otros pagos (cuyos montos se desconocen) por darle seguimiento, de oficio o a solicitud de parte, a las medidas cautelares vigentes para mantenerlas, modificarlas o levantarlas.

No le interesan otros expedientes, como el reciente de Nochixtlán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con Iguala escaló demasiado su intromisión en la política mexicana, impulsada por las aspiraciones personales aquí de su saliente secretario general, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Además, Álvarez Icaza llevó al organismo a la quiebra: gastó en trabajo real únicamente 18 por ciento de los recursos que recibió y 82 por ciento en salarios para su plantilla, debido a que los países dejaron de confiar en la CIDH… y suprimieron los pagos anuales.

Álvarez Icaza amainó la tormenta metiendo a la CIDH en el caso Iguala, con un trato de pagarle un millón de dólares cada seis meses. Pero para un caso de asesinato a tiros e incineración de 43 personas mandó cuatro abogados y un sicólogo.

¿Resultado? Sin conocimientos balísticos, forenses ni de incendios estiraron el caso con un par de informes políticos para prorrogar su estancia y el millón de dólares, en lugar de coadyuvar a la solución del caso. Y, de pilón, Álvarez Icaza recalentó sus aspiraciones políticas en el país rumbo a 2018.

Pero su trabajo estuvo marcado por la falta de sensibilidad hacia los familiares de las víctimas y el irrespeto a la sociedad, pues primero basó sus recomendaciones en buscar muertos a los 43 estudiantes en hornos crematorios y fosas clandestinas.

Y después generó expectativas de que viven, al asegurar en su último informe que “no hay evidencia de que en el basurero de Cocula se incendiaron a 43 estudiantes”.

La voracidad monetaria y política de Álvarez Icaza terminó por abollar las relaciones de la CIDH con México, al extremo de que con su sucesor, el brasileño Paulo Abrão, el organismo lo primero que ha hecho es rechazar la petición de la CNTE para intervenir en los casos de sus líderes presos.

Abrão debería estar consciente de que los primeros en violar los derechos a la educación de millones de niños mexicanos son los cabecillas de la CNTE, que encabezan a un grupo de vándalos, ligados al crimen organizado y a grupos armados.

Bajo sus órdenes, en México se bloquean carreteras, toman casetas de peaje, venden plazas docentes por 80 mil y 250 mil pesos, se cometen fraudes, daños en propiedad ajena y se lava dinero. El propio Núñez tenía una cuenta bancaria en la cual movía 8.1 millones de pesos al mes.

Para que vayan sabiendo a quiénes defendería…

Si cambia de idea.

Este artículo fue publicado en La Razón el 11 de agosto de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.