A sus numerosos simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador les hace creer que las cosas en el país van muy bien. A algunos de sus críticos, los ha convencido de que las cosas no están tan mal. El licenciado López Obrador ha logrado imponer los temas e incluso la retórica de la discusión pública. No se debaten proyectos de país sino decisiones inopinadas. La conversación pública se concentra en trivialidades de las conferencias matutinas.
Hay quienes, con el afán de no mirar solamente el vaso medio vacío, rebuscan en el escenario nacional para concluir que México no ha empeorado tanto como temen los diagnósticos más catastrofistas. La inflación no ha crecido, la cotización del peso se mantiene en parámetros razonables, la Bolsa no experimenta caídas dramáticas, los consumidores confían. En otras circunstancias esos indicadores no tendrían por qué inquietar. Ahora, son preocupantes debido a desaciertos del presidente.
No hay fuga de capitales, celebran los entusiastas del vaso lleno o medio vacío. Enhorabuena. Pero si se plantea esa posibilidad, es porque hay una cadena de medidas que ocasionan desconfianza.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto fue tomada sin estudios ni argumentos sólidos. Ni siquiera los comentaristas más complacientes con la 4T han podido articular una sola razón en defensa de esa determinación y del costo que tiene para los mexicanos. Hay quienes, en un esfuerzo para hallar alguna lógica a la aniquilación del aeropuerto, explican que de esa manera el presidente López Obrador les dejó claro a los dueños del capital que él es quien manda en el país. Ese manotazo en la mesa nos acaba de costar 34 mil millones de pesos por la liquidación a los fondos que habían invertido en ese proyecto. Se calcula que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, incluyendo la ampliación que ahora se pretende hacer en Santa Lucía, ascenderá a 240 mil millones de pesos. Tal es el precio del desplante de poder que quiso hacer el presidente, en caso de que ése haya sido su propósito.
Si lo fue, se trató de un costo innecesario, además de los perjuicios que tendrá la ausencia del Nuevo Aeropuerto. Los grandes empresarios no tenían más poder que el gobierno durante los sexenios anteriores. El más adinerado de ellos, dueño de las telefónicas con mayor cobertura, lleva años sin poder difundir programas de televisión a través de su red nacional de telecomunicaciones.
Lo que realmente inquietaría a los grandes empresarios sería una reforma fiscal para que, quienes ganan mucho más, paguen impuestos con tasas similares a las que hay en países de economías más sólidas que la nuestra. Pero el presidente se ha comprometido a no tocar los impuestos al menos durante tres años. Varios de los empresarios más acaudalados tienen con él una interlocución tan directa que los ha nombrado consejeros suyos. A las ciertamente arbitrarias calificadoras internacionales, mientras tanto, se les responde con aldeanismo e impericia.
La Guardia Nacional no quedó hipotecada al Ejército hasta el fin de los tiempos sino nada más cinco años. La reforma constitucional no impuso la militarización sin remedio que establecía la propuesta inicial del presidente. Pero no hay capacitación para los cuerpos policiacos ahora existentes, a la Policia Federal se le disuelve sin aprovechar su experiencia y aptitudes y al Ejército se le confieren, aunque nomás un lustro, tareas de las que tendría que retirarse.
La seguridad pública no mejora. Es pronto para que haya cambios pero, hasta ahora, la única novedad significativa respecto de las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores ha sido la ilegal y candorosa promesa para perdonar a los delincuentes. Se estima que, en los primeros cien días de gobierno, han fallecido casi 9 mil 500 víctimas de homicidios dolosos.
El desabasto de gasolinas se resolvió. Pero esa escasez fue ocasionada por el improvisado cierre de los ductos que tenía el propósito, según se dijo, de evitar el robo de combustible. La conducción por ductos es reemplazada por 570 pipas por las que pagamos mil 700 millones de pesos, además de los costos de operación, vigilancia y los riesgos que implica el transporte de combustible por carreteras y calles de todo el país. El combate a los ladrones de combustible amerita los mayores aplausos, pero cerrar los ductos no parece haber sido la decisión más racional.
Ancianos, estudiantes, campesinos, y discapacitados, reciben dinero por disposición del presidente. Esos recursos sin duda les resultarán útiles, pero son un paliativo que no soluciona las causas de la pobreza o la marginación que padecen muchos de ellos. La entrega de ese dinero se hace de manera directa, a partir de los padrones que han levantado militantes de Morena o a quienes ya tienen una jubilación. En la mayor parte de tales casos el presidente establece con esos beneficiarios una relación clientelar. El vaso medio lleno que se puede apreciar gracias a tales apoyos queda contaminado con el lucro político que el gobierno propicia con el uso de ese dinero público.
2.3 millones de jóvenes recibirán becas de 3 mil 600 pesos mensuales para trabajar en empresas que acepten capacitarlos. No hay mecanismos para supervisar ese adiestramiento que, en todo caso, está sujeto a los criterios de cada negocio. Se trata de un pertinente apoyo a muchachos que no estudian ni trabajan pero, sobre todo, de un subsidio que el Estado entrega a millares de empresas.
Cien días son pocos para que haya beneficios tangibles de las políticas del gobierno. Pero más allá del dinero que entrega de manera directa, ni siquiera los más optimistas confían en que durante los próximos cien días la economía, la inseguridad o el clima social y político vayan a mejorar sustancialmente.
El respaldo que los mexicanos le otorgan al presidente proviene de la esperanza, más que del diagnóstico sobre la situación del país. Las ganas de creer siempre son poderosas. Más allá de suposiciones y percepciones, en estos cien días la conversación pública ha estado secuestrada por una doble operación.
Por una parte la sociedad organizada y la opinión crítica, cuando reaccionan, se dedican a disentir respecto de los errores del gobierno y sus consecuencias inmediatas pero con resultados insuficientes. Las agendas y apreciaciones de esos grupos y ciudadanos han quedado desplazadas por los temas que establece el presidente.
Al mismo tiempo, López Obrador acapara y obstruye la discusión al ignorar las razones de otros y descalificar por sistema a quienes no comparten sus puntos de vista. La conservadora y limitada cosmovisión del Presidente domina el escenario público ante la complacencia de la mayor parte de los medios, el desvanecimiento de los partidos y el arrinconamiento de la sociedad organizada que es vilipendiada a diario desde Palacio Nacional. La ilusión, mientras tanto, reemplaza a la deliberación.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 1 de marzo de 2019, agradecemos a Raúl Trejo Delarbre su autorización para publicarlo en nuestra página.
