Muchos han planteado la pregunta: “¿Quién envió a los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala?”. La plantearon primero los propios padres de los estudiantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el sexenio pasado, la cual consecuentemente recomendó investigar: “¿Por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?; ¿Quién los llevó?; y ¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?”. También lo han preguntado los periodistas Sergio González Rodríguez, Alma Guillermoprieto, y, con singular ahínco y profundidad, Guillermo Sheridan.
Yo me aventuré a recoger esa pregunta y lanzarla ya dos veces en televisión nacional y en diversas ocasiones en redes sociales, porque me parece misterioso que siga sin respuesta, así como sospechosa la reacción que a menudo genera. Dice el tabú que dicha pregunta no tiene nada que ver ni con el trágico destino de los jóvenes, ni con la culpabilidad de sus asesinos; que supone volverlos responsables de su desenlace por sugerir que estaban involucrados en actividades ilícitas; o que pertenecían voluntariamente a organizaciones de izquierda radical. Al contrario. Hacer esa pregunta pretende descubrir si los jóvenes fueron instrumentalizados para fines inconfesables. La lupa está puesta en quienes los enviaron, no en ellos.
En realidad, la pregunta es incomoda porque abre una caja de Pandora en la que habitan algunas de las organizaciones más oscuras del sistema. Se sabe que quien controla a la Normal de Ayotzinapa, quien somete a los estudiantes de primer grado a brutales rituales de iniciación y diversas encomiendas políticas –como lo ha documentado ampliamente Guillermo Sheridan–, es la siniestra Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), una organización clandestina y subversiva de corte marxista-leninista, cuyas siglas no revelan a sus dirigentes, fantasmas que utilizan pseudónimos y se mueven en las sombras. ¿Por qué nadie averigua quiénes son ni la razón por la cual escogieron Iguala?
Por una razón muy sencilla: hacer esa pregunta lleva a otras preguntas demasiado perturbadoras. ¿Había una relación entre la FECSM y el crimen organizado de la región, o peor aún, con el crimen organizado que ejecutó a los estudiantes? ¿Existía una relación entre la FECSM y los políticos locales, o con el partido de izquierda nacional, en ese entonces el PRD? ¿Había una relación entre la FECSM y Abarca, y, en dado caso, cómo encaja en ella López Obrador, quien fue el que más se benefició de la tragedia y quien respaldó a Abarca en su candidatura a la presidencia municipal de Iguala a pesar de las advertencias de sus nexos con el crimen organizado? ¿Había una relación de algunos o de todos los actores de la tragedia con los militares? ¿Se utiliza a estudiantes para actividades subversivas de izquierda o para obtener prebendas políticas?
Esas preguntas siguen sin respuesta. Y algunos, por corrección política o por conveniencia, ni siquiera quieren hacerlas. Están tranquilos y contentos protegiendo inocentemente o a sabiendas a los intereses más oscuros.
