Los riesgos de la sospecha razonable

Por las rendijas se cuela el diablo. La Suprema Corte acaba de validar las revisiones policiales a personas y vehículos, sin que medie una orden judicial. Es un error inmenso.

La CNDH se había quejado de las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten que los agentes policiales actúen si existe una sospecha razonable de que se ocultan instrumentos y que PUEDAN realizar registros forzosos si la persona no coopera o se resiste.

Los ministros señalaron que se busca proteger a la colectividad por razones de seguridad jurídica, y a las propias víctimas.

Si bien las revisiones sólo pueden ser realizadas cuando hay posibilidad de que se cometa un crimen o en plena flagrancia, se está abriendo una puerta para la arbitrariedad, que puede generar, con el tiempo, problemas muy graves.

En el fondo, la disposición contradice el espíritu del nuevo sistema de justicia y rompe, aunque sean en determinados casos, con la presunción de inocencia.

La actuación de las policías requiere de controles, y más aún en contextos en que los requisitos para fundar acusaciones aumentan.

Como suele ocurrir, en el Código de Procedimientos se trata de subsanar un problema que tiene que ver más con la situación de seguridad que con el esquema con que se persiguen las conductas delictivas.

Se trata de atajar los reclamos de impunidad y de falta de eficacia para enfrentar a los criminales; pero se hace dotando de instrumentos que antes sólo tenían los jueces.
Esto es así porque uno de los bienes más preciados es el de la libertad y por ello sólo los juzgadores pueden cancelarla, sujetos a la propia legalidad.

Nadie quiere que los bandidos se salgan con la suya, que puedan extorsionar a la sociedad y que anden libres por las calles, pero no será con disposiciones más duras con las que se terminarán los agravios, sino con policías más preparadas.

El primer ombudsman del país, Jorge Carpizo, argumentó desde los años 90, que una eficaz labor policiaca no está reñida con los derechos humanos y que, por el contrario, los robustece y apoya.

Lo que requerimos es buenas investigaciones, que se puedan defender en el nuevo sistema de justicia, y eso se logra con trabajo científico y ministerial.

Alguna vez, el procurador Jesús Murillo dijo que “se tiene que investigar para detener y no detener para investigar”. Ahí está el meollo del asunto: cuánta seguridad a cambio de cuánta libertad.

Ojalá los legisladores revisen el tema y le den un cauce distinto en el futuro, para que no terminemos arrepintiéndonos todos y acaso fortaleciendo, de nueva cuenta, la impunidad, al amparo de medidas que sólo van a arriesgar a la sociedad y, para colmo, a los propios policías.

Este artículo fue publicado en La Razón el 15 de marzo de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.