Los expertos de la CIDH (que reciben del Estado mexicano un millón de dólares para que lo investigue por el caso Iguala) pidieron ayer más tiempo para sus pesquisas sobre el asesinato de los 43 normalistas. ¿Por qué? Porque quieren ganar otro millón de dólares.
Sólo el dinero explicaría su petición de prórroga, pues a lo último que se aferran para continuar su trabajo es la presunta participación de militares en el crimen, aunque en ese punto de la indagatoria parecen perdidos en un campo de lechugas.
Por un lado denuncian tardanza por parte del gobierno mexicano para autorizar las entrevistas que quieren hacer a los militares del 27 batallón en Iguala, y por el otro admiten que no hay evidencia de que el Ejército haya participado en la desaparición de los estudiantes.
“El Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, indicaron los expertos, para agregar que “no existen evidencias de que el Ejército haya participado en los hechos de Iguala”. ¿Entonces sí? ¿Entonces no? Lo que sucede es, no juguemos con las palabras, parte del lucro con el caso Iguala.
De cualquier manera, los expertos de la CIDH no tienen por qué entrevistar a militares mexicanos. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene dudas similares sobre el 27 batallón de Iguala, pero no pide que lo entrevisten sus visitadores.
En su informe “Estado sobre la investigación del caso Iguala”, la CNDH pide que los militares declaren y amplíen declaraciones… pero ante el MP:
“Recabar declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos elementos de las policías estatal, ministerial del Estado de Guerrero y federal, y de elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula, sobre las acciones que pudieron haber realizado en sus respectivas dependencias en relación con los hechos investigados”.
La verdad es que al lamentable asesinato de Iguala ha seguido una derrama de dinero, aun cuando se encuentran presos 105 de los autores intelectuales y materiales. Pero el gobierno mexicano paga un millón de dólares a los expertos de la CIDH y otro millón al equipo de forenses argentinos.
Eso sin contar que a estos últimos les paga además una flotilla de camionetas y dos helicópteros, pese a que sólo dominan cuestiones de antropología, criminalística y genética, pero nada de balística y otras 23 especialidades relacionadas con la investigación.
Sin embargo, ni la CIDH ni los forenses argentinos muestran deseos de conocer ¿por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado?
Y tampoco lo quieren saber.
Porque dejarían de ganar un millón de dólares…
Que salen de nuestros impuestos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 18 de Agosto de 2015, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
