Álvarez Icaza y el dinero
Fue amarga la queja de Emilio Álvarez Icaza en el balance que presentó ante la OEA: pidió más dinero a los países miembros para que la CIDH pueda cumplir sus funciones. Su lamento coincidió con el fin de las cuotas extra (de a millón de dólares cada seis meses) que recibía de México por el caso Iguala.
El político mexicano deja en quiebra a la CIDH porque, como su secretario ejecutivo, se dedicó básicamente a hacer política aquí para buscar una candidatura independiente a la Presidencia en 2018, a sabiendas de que no le alcanzará, pero con la idea de negociar al menos una senaduría con el PRD.
Como funcionario internacional, Álvarez Icaza no se preocupó por conseguir que los gobiernos autoritarios de la región o los aliados de éstos, entendieran el valor de la promoción de los derechos humanos: al final, ni aceptaron a la CIDH… ni le pagaron a la OEA.
Hasta abril de 2016 Brasil debe 20 millones de dólares, Ecuador 270 mil dólares, Argentina dos millones y Venezuela siete millones, aunque Venezuela abandonó la CIDH en 2013, acusándola de ser agente de la CIA y servir a Estados Unidos para agredir a su gobierno socialista.
México cubrió su cuota de cinco millones 600 mil dólares, más dos millones de dólares extra al grupo de expertos traído por Álvarez Icaza, para coadyuvar en las investigaciones del caso Iguala, aunque tras un año se marcha, porque su labor fue política en lugar de promotora de los derechos humanos.
En su balance del viernes pasado, Álvarez Icaza dijo que la CIDH requiere de 24 millones de dólares para poder trabajar, pero recibe sólo 4.8 millones de la OEA y cinco millones de donaciones de distintos países europeos, que han reducido sus aportes ante el conflicto sirio y la crisis de refugiados.
Por eso se dolió de que México no prorrogase la presencia de los expertos de la CIDH en el caso Iguala, a pesar de que, en su opinión, los objetivos de éstos permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los 42 desaparecidos.
Sin embargo, en un año de labores, los expertos de Álvarez Icaza se dedicaron a falsear informaciones acerca del caso Iguala, mientras la CIDH mitigaba con nuestros impuestos su crisis financiera (un millón de dólares cada seis meses), y cada experto cobraba 136 mil pesos mensuales.
El grupo de expertos nunca cumplió la promesa de sus miembros Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, de que “nos acercamos a lo que ocurrió realmente el 26 y 27 de septiembre de 2014. Al contrario, dilataron sus pesquisas con cuatro espaciados reportes.
Porque sólo vinieron a sacar el dinero que Álvarez Icaza fue incapaz de exigir al bloque bolivariano.
Este artículo fue publicado en La Razón el 19 de Abril de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página