“No le cambien ni una coma”, aleccionó López Obrador a los diputados federales de su partido, cuando hacia fines del año 2018 les presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dóciles, serviles, lacayunos, los levantadedos con charola cumplieron la orden presidencial y así lo hicieron cada año, incluida la reciente aprobación del PEF 2024. En esta última ocasión, no se atrevieron siquiera a incluir una modificación para crear el fondo de reconstrucción de Acapulco y demás municipios guerrerenses afectados por el huracán Otis.
Esta conducta reiterada viola la división de poderes, pues pasa por encima de la atribución exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto federal. Pero, además del presidencialismo exacerbado, está marcada por el patrimonialismo en el manejo del dinero público.
El patrimonialismo es una forma de dominación política caracterizada por la centralización y la preminencia del gobernante sobre los gobernados. Es, asimismo, un patrón de manejo de los recursos públicos que son administrados como si fueran de la propiedad personal del gobernante.
La llamada 4T practica un patrimonialismo en el que el manejo del presupuesto público atiende, prioritariamente, a las conveniencias y ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional. Éste cuenta con una mayoría legislativa acrítica, que reiteradamente ha renunciado a las facultades presupuestales y de control del Congreso de la Unión. Así es como se aprueba cada año el proyecto presupuestal presidencial y así es como se ejerce el gasto público, que se caracteriza por la discrecionalidad.
En los inicios del sexenio, en 2019, el Presidente hizo aprobar reformas a la ley de presupuesto y una nueva Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) para tener manga ancha en el manejo del erario. A resultas de ello, los artículos 23 y 61 de la ley presupuestal dan amplio margen de decisión al Presidente para la reasignación de recursos que se obtengan por subejercicios o por ahorros. Los artículos 3 y 7 de la LFAR, en el mismo sentido, establecen la obligación de las dependencias públicas de generar ahorros en el gasto público para alimentar los programas sociales y las “obras prioritarias”. Una redacción similar se insertó en los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año aprueba la Cámara de Diputados: los recursos originados en subejercicios y en ahorros “serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura” que disponga el h. Presidente, sin tomar en cuenta a nadie.
Es así como, año con año, López Obrador ha dispuesto libremente de los montos presupuestales subejercidos por las dependencias y entidades de la administración pública, así como de los que resultan de ahorros por austeridad. Se trata de subejercicios y ahorros ordenados por él mismo y aplicados a rajatabla, aunque tales prácticas afecten gravemente los servicios públicos.
Son inducidos los subejercicios en rubros tan críticos como el abasto de medicamentos, la prevención de desastres naturales, el mantenimiento carretero y de los inmuebles públicos, equipamiento de las dependencias para el cumplimiento de sus funciones, etc. Son arbitrarios los “ahorros”, que afectan el abasto de consumibles en escuelas, hospitales, que han dejado en el abandono las zonas arqueológicas, sin papelería y clips a las oficinas públicas, sin dotación de tinta a las impresoras, sin antivirus a los sistemas de cómputo, además de que mandaron a la congeladora el salario de los empleados públicos.
Todo, para mantener e incrementar el flujo de recursos al sistema de dominación clientelar, que busca imponer el monopolio político del partido color sangre, y para financiar los sobrecostos de las obras de relumbrón, con las que el inquilino presidencial pretende mantener en alto sus niveles de popularidad.
Cincelada: La campaña de Xóchitl Gálvez debiera contar con equipos de prospectiva e inteligencia que sean capaces de traducirlas en campañas estratégicas y organización territorial.
