Luego del fracaso de las contrarreformas electorales que el mismo inquilino de Palacio Nacional bautizó como “plan a” y “plan b”, ahora López Obrador ha visto el primer tropiezo de su “plan c”. Tales proyectos obradoristas tienen en común que son violatorios de la Constitución, particularmente de los principios de equidad en la contienda entre los partidos y la imparcialidad a que están obligados los servidores públicos, que los obliga a no inmiscuirse en el proselitismo electoral.
En la sentencia recaída a la impugnación que presentó el PRD, a la que se acumularon otras interpuestas por el PAN y MC, la Sala Superior del Tribunal electoral federal concedió las medidas cautelares y la tutela preventiva que obligan al Presidente de la República a abstenerse de hacer propaganda electoral en sus conferencias matutinas y actos oficiales. Para ello, revocó la resolución que en contra de estas medidas había adoptado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la que dos de los nuevos consejeros electorales se habían apartado indebidamente de los precedentes judiciales aplicables.
Los antecedentes del caso son los siguientes:
1) En las conferencias del 9 y 11 de mayo, López Obrador insultó al Poder Judicial (dijo que “está podrido”) y planteó que su partido necesita mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer las reformas constitucionales que a él se le ocurran. Detalló su petición del voto para que Morena obtenga 334 diputados y 96 senadores en las elecciones de 2024 y condicionó la continuación de las pensiones para los adultos mayores, diciendo a sus oyentes: “Ya sabes por quién vas a votar”.
2) El PRD y otros partidos denunciaron esas manifestaciones presidenciales como violatorias de la Constitución. Solicitaron al INE el dictado de medidas cautelares con las que se instruyera al servidor público que se abstuviera de solicitar el voto a favor o en contra de alguna fuerza política.
3) La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó las medidas cautelares demandadas con el voto de los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño (que así confirmaron su subordinación a los dictados presidenciales) y el voto disidente de la Consejera Claudia Zavala, quien defendió que el INE debía proceder ante la evidencia de violaciones a la Constitución.
4) La negativa de la Comisión fue impugnada por el PRD y los otros inconformes, quienes pidieron la revocación del acuerdo reclamado y la concesión de las medidas cautelares solicitadas, con el objeto de resguardar el principio de equidad en los procesos electorales.
5) En la sentencia SUP-REP-114/2023 y acumulados, la Sala Superior del TEPJF enmendó la plana a los dos consejeros aludidos. Consideró que la Comisión de Quejas no hizo un análisis exhaustivo y contextual debidamente motivado y que el caso denunciado sí justificaba el dictado de medidas cautelares.
El máximo tribunal electoral le recordó a los consejeros López y Montaño los principios de neutralidad e imparcialidad establecidos en la Constitución: todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos, además de que el ejercicio de sus funciones se debe realizar sin sesgos, quedándoles prohibido a los servidores el intervenir en las elecciones directa o indirectamente.
Con base en lo anterior, el TEPJF resolvió dos cosas: primero, conceder medidas cautelares consistentes en ordenarle a la Presidencia de la República el retiro de sus conferencias matutinas de los días 9 y 11 de mayo de toda plataforma oficial; y segundo, vincular a AMLO para que se abstenga de realizar o emitir llamados a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes, ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales.
El “plan c” de AMLO tuvo su primer tropiezo. Mala noticia para quien se ha asumido como elector de Morena, su coordinador de campaña, jefe de partido y hasta en tema central de los discursos y oferta política de quienes sean los candidatos del partido oficial.
Cincelada: AMLO anunció denuncia por daño moral contra un abogado de Nueva York. Debería designar a Bartlett y al general Cienfuegos como sus representantes ante las cortes de esa ciudad.
