La salud del gobernante y la democracia

Primero lo obvio, el poder presidencial exige algo más que votos y ambición; requiere condiciones físicas y mentales compatibles con la responsabilidad de conducir una nación.
Elegir a un presidente de la República o a un Primer ministro es una de las decisiones políticas más trascendentes de una sociedad. De sus determinaciones dependen la economía, la seguridad, las relaciones internacionales y, en determinadas circunstancias, la vida de millones de personas. Resulta legítimo, por tanto, preguntarse si quienes aspiran a semejante responsabilidad deberían someterse a una evaluación médica independiente que permita conocer si están en condiciones de ejercerla.
La pregunta no es si un gobernante puede enfermar. Todos somos vulnerables. El verdadero problema aparece cuando una enfermedad incapacitante se oculta, cuando el deterioro cognitivo compromete decisiones fundamentales o cuando la ambición personal prevalece sobre el deber de informar a la ciudadanía.
El caso del presidente francés François Mitterrand constituye un antecedente ilustrativo. Durante años ocultó que padecía cáncer de próstata, diagnosticado en 1981, al comienzo de su primer mandato. La enfermedad se mantuvo en secreto hasta que su evolución hizo imposible seguir ocultándola. El episodio abrió un debate sobre los límites de la confidencialidad médica cuando la salud del gobernante es un asunto de interés público.
Otro caso significativo ocurrió en Ecuador, en 1997. El Congreso destituyó al presidente Abdalá Bucaram alegando incapacidad mental, después de apenas seis meses en el poder. Sin embargo, el procedimiento estuvo rodeado de controversias políticas y constitucionales. Lo anterior demuestra que declarar incapacitado a un presidente sin garantías suficientemente sólidas puede convertirse también en un instrumento para resolver disputas de poder.
La historia ofrece otros ejemplos. En Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson sufrió un accidente cerebrovascular en 1919 que le provocó una grave incapacidad. La información sobre su estado fue restringida y su esposa, Edith Wilson, desempeñó un papel decisivo en la administración cotidiana de asuntos presidenciales. El episodio dejó una pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente cuando el titular del Ejecutivo no puede cumplir plenamente sus funciones?
En tiempos más recientes, las controversias en torno a dirigentes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro han suscitado discusiones sobre su personalidad y su salud mental. No obstante, atribuirles trastornos psiquiátricos concretos sin una evaluación clínica verificable sería irresponsable.
México tampoco debería permanecer al margen de esta discusión. En torno al expresidente Andrés Manuel López Obrador han circulado especulaciones razonablemente sólidas sobre su estado de salud. También han surgido acusaciones recientes contra la presidenta Claudia Sheinbaum relacionadas con un supuesto consumo de marihuana, que ella, obviamente, negó públicamente.
Precisamente por eso necesitamos reglas institucionales, no diagnósticos en las redes sociales. Un gobernante con una alteración cognitiva grave podría tomar decisiones erráticas, comprometer la seguridad nacional, deteriorar las relaciones diplomáticas, administrar deficientemente los recursos públicos o precipitar una crisis económica.
¿Qué hacer entonces? En el caso de los candidatos a gobernar un país habría que establecer evaluaciones médicas independientes. Los resultados deberían proteger los datos clínicos confidenciales y comunicar al público únicamente la información necesaria para conocer la aptitud funcional. Cualquier procedimiento tendría que incluir especialistas independientes, derecho de defensa y salvaguardas contra la persecución política.
La evaluación tampoco debería limitarse a los candidatos: un presidente puede enfermar después de asumir el cargo. La democracia necesita procedimientos claros de sustitución temporal o permanente cuando una incapacidad comprobada le impida cumplir sus obligaciones.
La conclusión es sencilla: la salud de un gobernante no es exclusivamente un asunto privado cuando sus consecuencias alcanzan a toda la nación. Pero tampoco puede convertirse en una excusa para desacreditar adversarios. La ciudadanía tiene derecho a exigir gobernantes capaces de ejercer sus funciones; los gobernantes, a recibir un trato médico digno y libre de prejuicios. Entre ambos derechos debe construirse un sistema de transparencia responsable.
Porque una democracia no debería depender de la buena voluntad de un líder que decide qué revelar y qué ocultar. Y mucho menos quedar a merced de alguien cuya incapacidad, si llegara a existir, pudiera comprometer el destino de millones sin que las instituciones estuvieran preparadas para actuar.
Para reflexionar.



