El golpe en curso de Jaime Bonilla –ampliar su gubernatura en Baja California- tiene varios significados. Tratándose de un acto antielectoral, anticonstitucional y antidemocrático, encuentro siete:
1. Es, literalmente, un robo. Un robo de poder. Bonilla es un ladrón político. Sospecho que él y los bonillistas creen que su jugada es una genialidad “maquiavélica” no apta para ñoños, pero no es más que una cinicada corrupta. Corrupta no sólo si hubo sobornos sino por degenerar (corromper) algo público como el poder representativo de la gubernatura (poder ejecutivo delegado a través de una elección ciudadana) y privatizarlo, esto es, usurparlo con fines privados-bonillistas por tres años más. El que quiere extender su gobierno de esa manera no está pensando ni pensará en el bien público. Maquiavelo, además de seguir siendo un incomprendido, era un republicano; Bonilla es un vulgar ladrón de poder, en el siglo XXI, no en el XVI.
2. Es lo peor que ha sucedido bajo el obradorismo. Se puede decir que la competencia por el deshonor no es poca pero no se puede afirmar con veracidad que la victoria del Bonillazo es corta: es, hasta el momento, el golpazo a la democracia mexicana. Y eso sin que aún se haya concretado definitivamente el intento…
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 01NOVIEMBRE2019.- Jaime Bonilla Valdez tomó protesta como Gobernador Constitucional de Baja California.
FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
3. De concretarse y pervivir, sería la cancelación de la democracia constitucional en Baja California. Cuando menos por cinco años. Así como no es posible afirmar que se ha acabado el régimen democrático nacional con/por el gobierno de López Obrador, tampoco será posible decir que en Baja California continúa vigente una democracia constitucional si Bonilla se queda en el poder contra la Constitución y contra la voluntad ciudadana expresada en la elección de junio. Aunque en esa elección la mayoría de votos le dio la gubernatura, no se la dio para un tiempo indeterminado ni un periodo “abierto”: expresamente, se le escogió para un periodo de dos años, no de cinco. ¿Y cómo habría régimen democrático constitucional si el gobernador y los diputados mayoritarios son los que son? Uno y otros han estado perdiendo a chorros su legitimidad electoral, y si terminan ganando la ampliación del “mandato” de la forma que intentan ganarla, habrán perdido toda o la mayor porción de legitimidad democrática. La posterior farsa de consulta popular no pudo ni podrá evitar esa deslegitimación. Es más, contribuye a ella, dada la organización ridícula y los porcentajes ridículos de participación y apoyo a la opción bonillista “ganadora”: ambos menores al 2% del padrón y la lista nominal electorales. Por tanto, aun si los cinco municipios del estado se plegaran perfectamente a la vida constitucional no sería suficiente para que existiera un régimen democrático constitucional. Insisto: no puede sobrevivir dicho régimen si el poder Legislativo es el “autor material” de un robo anticonstitucional de tres años de poder y el “autor intelectual” (o uno de) es el poder Ejecutivo beneficiado con el mismo robo.
4. Incrementaría notablemente el deterioro del régimen democrático nacional. Sí hubo transición a la democracia antes de AMLO, ayer (no el ayer del priato) sí había democracia y también hoy, pero la democracia nunca se ha consolidado, estuvo deteriorándose antes de la presidencia obradorista y actualmente sigue en deterioro, y si Bonilla se sale con la suya el deterioro será mucho peor.
5. Haya sido o no haya sido el “autor intelectual” del robonillazo, si éste se consuma, López Obrador adquirirá una deuda enorme con la democracia y se expandirá su desprestigio internacional. ¿Por qué? Por no ordenar a su partido frenar el juego sucio y por no pedir legalmente a la Corte la revisión de la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”. Creer que los bonillistas desobedecieron a López Obrador es una bobada. O lo obedecieron –la hipótesis del “globo sonda”- o aprovecharon un vacío partidista regalado por él.
6. Resolviendo los recursos presentados por otros actores ante la Suprema Corte, una decisión a favor de Bonilla, disimulada o no, dejaría casi en ceros el prestigio de los ministros y particularmente el ganado en años recientes por Arturo Zaldívar, actual ministro presidente envuelto en polémicas contraproducentes.
7. El caso es tan grande, grave y significativo que me parece que podría tener efectos académico-intelectuales en la Teoría Política. Se le puede usar (al Bonillazo) como ejemplo en la reflexión sobre los problemas del mayoritarismo, su tipología, sus límites, los usos y abusos del discurso mayoritarista, sus falsificaciones o manipulaciones, la importancia y relevancia de las Cortes para la defensa y supervivencia de la democracia, para consolidarla o desconsolidarla, o para su deterioro y muerte. Todo lo cual, desde luego, potenciaría el desprestigio del obradorismo y su jefe.
