Un país sin tlatoanis
Es un error, que proviene del desconocimiento de la historia, el creer que cada sexenio se funda (o fundará) México.
Lo es, también, esperar que caudillos providenciales solucionen los problemas. Es, de algún modo, la seducción por los tlatoanis.
Al contrario, hay un proceso en el que podemos identificar corrientes que explican parte de lo que ha ocurrido: lo bueno y lo malo.
Las últimas décadas han sido de un cambio profundo que se muestra en diversos espacios de la vida pública.
Contamos con organizaciones electorales que permiten contiendas libres y vigiladas.
Una muestra del avance es que en 1988 la Secretaría de Gobernación se encargaba, inclusive, del nombramiento de los presidentes de casilla y fue hasta 1994 cuando el IFE comienza su proceso de autonomía.
Aquel año, por medio de un acuerdo político, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, introdujo la figura de consejeros ciudadanos.
Para lograrlo, enfrentó resistencias del propio régimen, sobre todo de grupos que veían un riesgo en la contienda y ante un panorama complejo, por el alzamiento del EZLN y por el asesinato del entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio.
Antes, la elección era calificada en el Poder Legislativo, lo que producía múltiples tensiones y daba al partido mayoritario, el PRI, el control definitivo del resultado.
En la actualidad, y más allá de críticas, muchas veces merecidas, tenemos construido un camino legal que permite procesar las diferencias.
En 2006, el Tribunal Electoral jugó un papel que evitó una crisis mayor, porque contaba, ya desde entonces, con herramientas para garantizar la protección del voto.
La procuración de justicia ha significado un quebradero de cabeza y una zona de riesgo permanente.
Muchos de nuestros problemas se explican o diagnostican por los altos niveles de impunidad.
Pero ahí también hay cambios favorables, aunque muchas veces queden opacados por la crisis que se enfrenta en temas de seguridad en diversas regiones del país.
Si bien se requiere de construcción de policía, sobre todo en el ámbito municipal, ahora se cuenta con corporaciones profesionales, como la Policía Federal, y con agencias estatales que también están capacitadas.
El ciclo político ha impedido el nombramiento de un Fiscal de la Nación, pero la ley está ahí, y si no se desbarata el proyecto —uno de los candidatos presidenciales es hostil al proyecto— se logrará la autonomía constitucional, indispensable para contar con una mejor procuración de justicia.
A ello hay que sumar el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, uno de los más robustos del mundo.
Enfrentamos graves desafíos, pero serían aún peores sin lo que hemos construido, lejos de soluciones mágicas y sus ejecutantes momentáneos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de diciembre de 2017, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.