Después de que el Senado aprobara la reforma para que la Guardia Nacional se integre en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la consideraron “preocupante”, mientras que Amnistía Internacional la calificó como “acto atroz”.
Nada Al-Nashif, Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación tras la aprobación, por el Senado de la República de México, del avance de la militarización de la seguridad pública. Consideró que con ese cambio se queda sin fuerza policial civil a nivel federal a favor del papel de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, añadió: “Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”.
Consideró que las autoridades civiles deben tener el control de las fuerzas de seguridad, y que ahora no hay ninguna disposición para que haya supervisión civil de la Sedena, “lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”. Por ello. Llamó a reforzar ese control civil “en consonancia con las normas de derechos humanos”.
Asimismo, señaló que, pese al aumento de la militarización en cuerpos de seguridad, no se ha registrado una disminución de la criminalidad y sí de las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó preocupada por la reforma a la Guardia Nacional, y llamó urgentemente al Estado mexicano a reconsiderarla “en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia derechos humanos”.
La Comisión destacó que los estándares internacionales establecen que “el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles”.
Añadió que, de un caso contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana “estableció que cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.
Además, la CIDH señala que, como resultado de una visita a México en 2015, recomendó el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, fortalecer las fuerzas policiales y la rendición de cuentas ante el uso de la fuerza letal. Sin embargo, pone énfasis en que las policías se han debilitado tanto a nivel estatal como municipal.
Recordó que en 2021 también advirtió que la desmilitarización estaba pendiente, por lo que había convocado al Estado mexicano a avanzar en ese proceso, lo que significa reconsiderar las recientes modificaciones, que ponen en riesgo sus obligaciones internacionales.
Consideró insuficiente la justificación de que sólo la estructura de la Sedena está capacitada para enfrentar el contexto de violencia, ya que implica riesgos para los derechos humanos bajo una perspectiva integral de seguridad humana.
Por otra parte, Amnistía Internacional lamentó la reforma a la Guardia Nacional, la cual consideró como “un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”.
La organización recordó que el enfoque militarizado de seguridad pública que se ha impuesto en México desde 2006 “ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos”, de lo que dan cuenta las más de 100 mil personas desaparecidas y las más de 4 mil quejas contra la Sedena que se han presentado desde 2014 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, Amnistía Internacional mencionó que los legisladores mexicanos contravinieron normas internacionales que señalan como excepcional la intervención militar en tareas de seguridad pública, lo que ha motivado recomendaciones de la ONU que han sido desestimadas. Y recordó que este mismo año el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instado al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública.
Al respecto también indicó que la estrategia militarizada de seguridad pública ha sido fallida porque “México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años”.
Antes de la aprobación en el Senado, Human Rights Watch, a través de Tamara Taraciuk Brones, su subdirectora para las Américas, había manifestado que integrar la Guardia Nacional en la Sedena “amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”. Consideró que el despliegue de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública “no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos”
Pero todo lo anterior no fue escuchado por las bancadas oficialistas.
