Se habría esperado que los comisarios de un gobierno autoritario estuvieran en los organismos coercitivos por naturaleza, pero no en Conacyt. Pero Conacyt pidió cárcel para 31 académicos y prohíbe becas a quienes participen en política, o quieran tener hijos.
Durante las vacaciones estuve estudiando a jóvenes obradoristas cercanos al conflicto en el CIDE. Escriben por aquí y por allá, algunos son académicos, otros funcionarios, otros editorialistas. No los nombro para no darles importancia personal, ni mucho menos legitimidad intelectual.
El diálogo entre los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se aleja: la funcionaria no acepta como condición la renuncia de José Antonio Romero
