Oaxaca, las balas no
1) La toma de la carretera México-Oaxaca, a la altura de Asunción Nochixtlán, inició desde tres días antes de ocurrido el enfrentamiento; el asunto es relevante dado que los medios no le dieron importancia al hecho, y ello explica que, salvo dos o tres medios locales, los llamados medios nacionales sólo citen versiones de “fuentes cercanas a lo sucedido” sin ofrecer datos o hechos precisos, lo cual abona a la confusión.
2) Naturalmente el gobierno de Oaxaca debió hacer público el operativo que echó a andar para concitar al menos la cobertura mediática, colocar los reflectores, digamos, para la supervisión de organismos defensores de derechos humanos y los medios mismos. Lo hizo casi 12 horas después, cuando en las redes sociales y en varios medios ya se habían difundido diferentes versiones e imágenes sobre el enfrentamiento, la más insistente: que se trata de un acto represivo del gobierno federal y las fuerzas locales. La omisión del gobierno estatal provocó también que hasta al menos ocho horas después de lo ocurrido la CNDH enviara visitadores al lugar.
3) En aquel entorno de confusión paulatinamente domina la creencia en la responsabilidad del gobierno federal y local por “este otro acto represivo”, un discurso que impulsan y acentúan la CNTE y las fuerzas militantes que simpatizan con el magisterio, sobre todo en las redes sociales y en medios de comunicación como La Jornada y Proceso.
4) En un fenómeno social que llegó para quedarse (y que no puede ni debe tener cortapisa), los usuarios de las redes sociales, desde poco antes del mediodía comenzaron a expandir ese mosaico farragoso y confuso de circunstancias y, sin ningún tipo de continencia –por ejemplo la prudencia que implica esperar a que lo sucedido sea menos-- emitieron su veredicto en un escenario polarizado y plagado de descalificaciones. Junto con ello, también difuminaron fotos falsas de supuestos enfrentamientos.
5) Lo que hasta ahora puede asegurarse es que a) el descontento magisterial sobre la reforma educativa se circunscribe a las secciones 18 y 22 de la CNTE –es decir, no es la CNTE en su totalidad la descontenta con las medidas oficiales; b) que el enfrentamiento del domingo tiene el contexto de las aprehensiones de dos líderes, Rubén Núñez, detenido justo hace 8 días, y Juan José Ortega (detenido precisamente el sábado anterior al enfrentamiento; c) que no hay duda en que las fuerzas federales y locales sí dispararon, como aceptó el mandatario de la entidad, y que sí hubo un grupo de provocadores encapuchados que, incluso horas después seguían haciendo destrozos por los alrededores con total impunidad, vale decir, sin que las fuerzas oficiales intervinieran y sin que la CNTE se deslindara de esos actos; d) también es un hecho que esos grupos infiltrados mataron a un periodista, Elidio Ramos Zárate, quien cubría los acontecimientos y la quema de dos camiones de parte de integrantes de la CNTE, como detalla con toda precisión en su crónica de hoy en El Universal, Héctor de Mauleón. En el momento en que redacto estas líneas ninguna organización defensora de periodistas ha expresado su condena por este asesinato que no implica a las fuerzas federales sino a los propios integrantes de la coordinadora.
6) Hay que subrayarlo: no todas las fotos propaladas en los medios son falsas o distorsionadas; las fuerzas oficiales dispararon (mientras que no tenemos hasta ahora imágenes o videos de los disparos de integrantes de la CNTE o de grupos infiltrados –se conocen eso sí, las fotos de los camiones incendiados, captadas por Elidio Ramos--, lo cual no quiere decir que no hubieran sucedido esos, pero ese material, no lo tenemos). Ese es el hecho, las autoridades dispararon, hay ocho personas muertas y más de cien heridos, y deben probar con algo más que su palabra que los policías fueron objeto de una emboscada. Para ello, sin duda, la CNDH tiene un papel fundamental.
7) La disputa ahora es en el terreno mediático y cada empresa de comunicación da credibilidad a una u otra fuente sin que hasta ahora prive la solidez de los hechos. Ojalá pronto sepamos si lo sucedido fue en pleno uso del derecho que le asiste a las fuerzas federales a intervenir frente a actos de violencia o si se trató de un acto represivo. Pero lo que sí podemos decir es que a las autoridades les corresponde demostrar que actuaron con pleno apego a derecho.
Marco Levario Turcott