La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) arreció su ofensiva contra la disidencia, al anunciar que iniciará un juicio por “traición a la patria” a líderes opositores y exfuncionarios públicos, que a su juicio han apoyado las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano.
Por votación unánime, el organismo dominado por el chavismo, aprobó “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”.
Si bien en el decreto respectivo no menciona a nadie en particular; al momento de exponer sus alegatos en tribuna, los asambleístas participantes en la sesión señalaron presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy Guevara, de ser los responsables directos de alentar la nueva embestida de Washington contra Venezuela.
“Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos no tienen patria”, espetó la asambleísta Iris Varela, arrancando aplausos de sus colegas, todos chavistas.
En el mismo tenor, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, señaló que los líderes del Parlamento son sujetos de investigación por haber pedido en mayo a la banca de inversión Goldman Sachs que no comprara bonos al “régimen autoritario” de Nicolás Maduro.
Aseguró que el país debe conocer “las verdaderas caras de los enemigos de Venezuela” y sugirió que se transmitan “en cadena nacional” las declaraciones en que Borges responsabilizaba a Maduro y a su supuesta corrupción de la grave crisis humanitaria que vive Venezuela.
El juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien en días pasados señaló a Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que prohíben “transar” nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA.
De acuerdo con el Código Penal de Venezuela, el delito de traición a la patria, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.
(Con información de EFE)
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