En el marco del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presentó un estudio realizado por varias organizaciones venezolanas, el cual señala que en los primeros nueve meses del año se registró un total de 205 violaciones a la libertad de expresión.
La investigación hecha en conjunto por el Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Transparencia Venezuela, reveló que de las 205 denuncias 52 corresponden a hostigamientos verbales, 50 a intimidación y 36 a censura.
Asimismo, los representantes de la sociedad civil recordaron que el gobierno de Nicolás Maduro niega información de carácter público, esconde las estadísticas macroeconómicas del país, las cuentas de instituciones públicas y los bloqueos de Internet, además aprovecharon para denunciar una serie de prácticas que limitan el funcionamiento regular de los medios de comunicación y afectan el derecho de la sociedad para estar informada.
Sobre este tema apuntaron que persisten los obstáculos para la compra del papel e insumos de prensa, ya que la venta del papel sigue siendo monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual no da los materiales necesarios a los medios críticos al gobierno y obliga que éstos los compren a un precio 66 veces más elevado que el establecido oficialmente.
Esta situación ha obligado a que por lo menos 10 impresos modifiquen sus formatos regionales en los últimos dos años, mientras que 300 emisoras de radio están a la espera de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) respecto a la concesión de espectro radioeléctrico, lo que se traduce en que cada vez existan menos espacios para la crítica y divulgación de la información.
Para evidenciar la situación que atraviesa Venezuela ejemplificaron con los casos de la reportera Beatriz Lara y el fotógrafo del diario El Aragueño, Alejandro Parada, quienes fueron agredidos en pleno ejercicio de su labor, los periodistas fueron detenidos arbitrariamente y agredidos física y sexualmente por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
En tanto que Alejandro Ledo, Elena Santinés y Pedro Torres, fotógrafo y periodistas de la Alcaldía de Mario Briceño Iragorri, fueron lanzados de un edificio por cubrir una protesta en la alcaldía.
Por último, señalaron que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien mantiene el hostigamiento en contra de los periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación a través de su programa televisivo que es transmitido en el canal del Estado.
“Estas acciones intimidan la labor realizada por estas personas y mantiene persistentes amenazas contra su vida e integridad”, comentaron los representantes de las organizaciones.
No obstante, William Castillo, representante del Estado y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), aseguró que ningún periodista ha sido encarcelado por sus opiniones y que le 75% de los periódicos reciben el papel que necesitan, esto sin aclarar que sucede con el 25% restante. Por si esto fuera poco, acusó a Miguel Henrique Otero de revender el insumo que recibe su diario El Nacional.
(Con información de Espacio Publico)
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