A pesar de que la Corte Suprema ordenara la liberación de una mujer que fue condenada a ocho años de prisión en Argentina tras haber sufrido un aborto espontáneo, al día de hoy sigue presa en una cárcel de Tucumán.
Los obstáculos para liberar a Belén, la joven de 27 años que desde hace dos años está en prisión, provocaron una nueva movilización de organismos de derechos humanos, de izquierda y feministas, quienes consideran este caso como una historia emblemática de injusticia social.
La resolución de la Corte Suprema representó una victoria de la campaña “Libertad para Belén” que realizaron más de 40 organizaciones nacionales e internacionales que reunieron cientos de miles de firmas.
Amnistía Internacional elaboró, junto con otras organizaciones, un detallado informe de las anomalías del caso, y Naciones Unidas manifestó su preocupación al gobierno de Mauricio Macri por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en este país.
Una decena de organizaciones subrayó este jueves en un comunicado la facilidad con que una joven pobre puede pasar del hospital a una cárcel y la dificultad que toma salir del sistema penal. Recordó que la mujer tucumana está detenida hace más de 900 días con prisión preventiva y que la sentenciaron a ocho años de prisión por "homicidio agravado por el vínculo", a pesar de que su historia clínica consta que se trató de un aborto espontáneo.
El caso de Belén, agregó, “reveló una serie de prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género”, por lo que el gobierno de Tucumán tiene la oportunidad de trazar políticas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso, sean espontáneos o provocados.
(Con información de Notimex)
