Frente a la resistencia ciudadana en Nicaragua, el régimen ha insistido en crear una verdad alternativa paralela a la de los hechos reales: la invención de un golpe de Estado organizado por terroristas de profesión que actúan “movidos por el odio”. Esa es la historia que repiten los medios fieles al Gobierno, y que los fiscales y jueces utilizan para acusar y procesar a los ciudadanos. Cerca de 600 “golpistas” están en las cárceles.
El demoledor informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) viene a desmentir de manera rotunda esta verdad alternativa, al concluir que no existe ninguna evidencia que sustente el golpe de Estado.
Por el contrario, “para el GIEI, el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
La insistente propaganda alrededor del golpe de Estado no va dirigida a la ciudadanía en general, sino a la clientela partidaria que rodea a la pareja presidencial, a fin de crear justificaciones y motivos “legítimos” a la represión que el informe desnuda y condena.
El Grupo de Expertos de la OEA desmonta claramente la falacia. A partir del 18 de abril de este año lo que se creó en Nicaragua fue un movimiento espontáneo, que creció y se multiplicó sin la dirección de nadie en particular, menos que tuviera una línea estratégica conspirativa.
Los golpes de Estado no se urden en las calles, entre estudiantes y pobladores de barrios, sino en la sombra; se preparan en los cuarteles, y se planean en secreto. No los ejecuta tampoco gente desarmada, muchachos que pelean con piedras y morteros caseros, y hasta con tiradoras de hule.
A estas alturas, queda claro que la verdad alternativa del golpe de Estado fue creada directamente en contra del concepto de ciudadanía. Hay una tachadura negra sobre la palabra ciudadano para oscurecerla, o borrarla.
Es un castigo impuesto desde el poder: si quienes salieron a protestar de manera masiva fueron los ciudadanos, en uso de las libertades públicas inherentes a su soberanía individual, libertad de movilización y libertad de expresión, para empezar, y fueron reprimidos por eso, los presos políticos han perdido también el derecho al debido proceso: detención dentro del término de ley, derecho a la defensa, a un juicio público, a jueces imparciales. El poder dicta que los golpistas y terroristas no tienen ningún derecho, lo que se puede leer como: los ciudadanos no tienen ningún derecho.
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