Un nuevo escándalo ha estallado en Medellín entorno al megaproyecto energético Hidroituango, que promete generar el 17% de la energía para Colombia. El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, ha acusado a la anterior administración local de ocultar un informe que evidenciaba que la obra tenía errores de construcción y diseño, que habrían sido la causa de un derrumbe que estuvo a punto de generar una tragedia en 2018.
“El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas”, indicó Quintero a través de varios mensajes de Twitter, mientras La W radio revelaba detalles del informe que realizó la reaseguradora del proyecto. “Antiguos directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), en la administración de Federico Gutiérrez, acordaron que informe de reaseguradora no fuera integrado al proceso como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos en órganos de control”, continuó trinando Quintero, quien desde hace un mes causó un sacudón institucional en EPM, una empresa emblemática para los habitantes de Medellín.
Hidroituango es un megaproyecto que incluye una presa de 225 metros de altura y comenzó a construirse en 2014 en el noroccidente de Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín. Pero entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 2018 se produjeron derrumbes en uno de los túneles construidos para canalizar el agua del río Cauca, el segundo más importante del país, cuyo cauce fue desviado cuando iniciaron las obras. La obstrucción amenazaba con desbordar la presa y tuvo en riesgo a cinco municipios con cien mil habitantes. Fue necesario evacuar a 9.000 personas. La solución del momento para evitar una tragedia fue inundar la sala de turbinas, lo que causó pérdidas millonarias así como el retraso del megaproyecto. Una decisión que fue tomada por Empresas Públicas de Medellín, que es socia de la obra, junto a la gobernación de Antioquia.
Hace tres semanas, el alcalde Daniel Quintero sorprendió a la junta directiva de EPM, de la cual es su cabeza, cuando anunció que demandaría al Consorcio Generación Ituango, integrado por tres empresas constructoras, por cerca de 2.600 millones de dólares. “Los culpables de los sobrecostos deben asumirlos y no los ciudadanos a través de los servicios públicos”, dijo Quintero. La junta directiva, integrada por empresarios de la ciudad, afirmó que no fue informada de la acción legal, renunció en pleno y el alcalde la renovó.
Hasta el momento, se creía que la emergencia se debió a una “imprevisibilidad y fuerza mayor” y, con esta base, una de las aseguradoras venía haciendo pagos; pero este lunes se conoció la existencia de un informe que revela que se trató de un problema de “diseño, supervisión y construcción” que abarca a más actores. Problemas como que el diseño de uno de los túneles de desviación se había debilitado, o que se pusieron 25% menos de tornillos en la sección del túnel afectado, entre otras.
El gerente de EPM, Álvaro Rendón, dijo que solo conocieron el documento el 17 de agosto y que este “habría sido un insumo muy importante para la investigación jurídica que se hizo si lo hubiéramos conocido a tiempo, y que consiguió llevar a la organización a plantear una conciliación con todas las partes involucradas el pasado 10 de agosto”. Tanto el anterior gerente de EPM como el alcalde Federico Gutiérrez dijeron que no conocían del informe.
Rendón le había dicho a este diario en una entrevista el viernes pasado que el megaproyecto tiene un 80% de avance y estaría en funcionamiento para 2022. Aún están por verse los efectos de la nueva revelación que tiene enfrentados a los políticos en Medellín y la información sobre quién tenía el informe y por qué no lo habían revelado antes.
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