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Aunque, al principio, Hitler admiraba a Mussolini, la nación que el Duce lideraba llegó a la guerra en quiebra económica y con un ejército obsoleto y mal preparado.

En 1921, los Fasci se transformaron en el Partido Nacional Fascista, que contó desde el inicio con las simpatías del poder económico, deseoso de contener las tentaciones revolucionarias de gran parte de la población. La estrategia de desestabilización de Mussolini alcanzó su punto culminante a finales de octubre de 1922 con la Marcha sobre Roma. Mussolini ordenó a sus seguidores que marcharan en manifestación hasta la capital con la exigencia de que el gobierno del país se entregase al fascismo (es decir, a él mismo). Ante este desafío al sistema democrático –gran parte de los manifestantes iban armados y había una velada amenaza de guerra civil–, el primer ministro, Luigi Facta, pidió la declaración de estado de sitio y la intervención del ejército, pero el rey Víctor Manuel III se negó a firmar la orden –las razones son controvertidas; se supone que para evitar un conflicto armado–. En su lugar, cedió a las exigencias de Mussolini y le encargó formar gobierno.

La Marcha sobre Roma fue un verdadero golpe de Estado y Mussolini obtuvo plenos poderes para gobernar por decreto con el fin de “restablecer el orden”. A lo largo de los dos años siguientes, no obstante, el régimen todavía conservó sus instituciones democráticas – Parlamento, elecciones, prensa libre–, si bien enseguida quedó claro el camino que se había emprendido. En enero de 1923, se creó la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, que otorgaba el amparo del Estado a la fuerza paramilitar de los Camisas Negras, y en junio se aprobó la Ley Acerbo, que cambiaba las reglas para la elección del Parlamento y confería las dos terceras partes de los escaños al partido que superase el 25% de los votos.

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