Carlos Lomelí es un hombre polémico para el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Lo fue en la campaña del verano de 2018, cuando el empresario farmacéutico fue candidato a gobernador en el Estado de Jalisco por el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y lo es también hoy, cuando se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región, en la que coordina la entrega de apoyos sociales de la Administración federal. La sospecha de un presunto conflicto de interés se cierne sobre el delegado Lomelí. Una investigación periodística vincula al hombre de negocios transformado en político con una red de nueve empresas controladas por 11 familiares. En cuatro de estas compañías intentó ocultar su participación. Una de sus farmacéuticas ha conseguido ocho contratos con Gobiernos de Morena de diciembre hasta la fecha.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, una asociación civil que lucha por consolidar el Estado de Derecho) relaciona a Carlos Lomelí Bolaños con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud). Los negocios de Abisalud con dependencias del Gobierno federal representan un nuevo reto para Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder impulsado por un discurso de combate a la corrupción y a las malas prácticas en la Administración pública.
El mandatario mexicano ya ha lidiado con temas similares en los cinco meses y medio que lleva en la presidencia. El 26 de abril, el líder de Morena anunció su intención de cancelar un contrato que había ganado la empresa Bio Pappel Scribe para vender papel a la Secretaría de Educación Pública. La compañía es propiedad del empresario Miguel Rincón, amigo de López Obrador y parte de su Consejo Asesor Empresarial. Tras las palabras del presidente, el Consejo de Administración de Bio Pappel anunció la retirada del concurso sin solicitar indemnización. El caso de Lomelí, sin embargo, resulta potencialmente más tóxico: los superdelegados, un cargo que ya de por sí despierta recelos entre los gobernadores, que temen ver menguados sus poderes, son elegidos y nombrados de forma directa por el Gobierno federal, esto es, por López Obrador.
El excandidato de Morena al Gobierno de Jalisco, uno de los Estados más importantes de México, rechazó durante la campaña de 2018 tener relación alguna con esta compañía. Abisalud fue señalada en 2016 por un presunto fraude por la venta con sobreprecio de 31 medicamentos. “No es mi empresa, que vayan e investiguen y citen a la empresa y a las personas señaladas”, dijo Lomelí hace un año, cuando faltaba algo menos de dos meses para celebrar los comicios.
El reportaje de Valeria Durán y Laura Sánchez, sin embargo, revela que Abisalud, fundada en 2009, tiene como domicilio el interior uno del número 205 de la calle Chicle, en el municipio de Zapopan (Jalisco). La dirección coincide según documentos del Registro Público de Jalisco con la de la empresa Lomedic, que se encuentra en el interior dos, y que ha sido la piedra angular del emporio farmacéutico de Lomelí. Otras dos empresas dedicadas al mismo giro, y controladas por su exesposa y sus hijos, están registradas en la misma dirección o a escasos metros en la calle de Chicle.
La investigación de MCCI también halló que dos cercanos operadores de Lomelí, entre ellos su secretario particular y su excoordinador de campaña, fueron director y representante legal de Abisalud. El superdelegado reconoció en febrero de 2018, en la declaración patrimonial que presentó durante la campaña, tener cuatro empresas. Abisalud, en manos de su círculo cercano, no figuraba entre estas.
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