En una alocución el pasado lunes en la cadena nacional de radio y televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el controvertido Plan Conejo, una iniciativa destinada a incentivar la cría de ese animal en espacios urbanos para el consumo humano. El mandatario llegaba de una gira internacional por Kazajistán y Argelia, y aprovechó también para informar sobre los resultados del periplo y anunciar el inicio de una ronda de conversaciones con la oposición en República Dominicana.
Desde 2013, Venezuela enfrenta una escasez crónica de productos de consumo básico, fundamentalmente alimentos y medicinas, así como de materias primas para la producción industrial. Mientras el Gobierno atribuye la situación a un complot urdido por el imperialismo y la burguesía local, sus críticos achacan la crisis a la tozudez del régimen, que prácticamente extinguió la base industrial del país mediante políticas de controles y expropiaciones.
Sea cual sea su origen, hay coincidencia en un punto: la escasez seguirá empeorando, una perspectiva inquietante para un país dependiente de las importaciones y que ahora enfrenta sanciones financieras de Estados Unidos y muy posiblemente de Europa.
El Gobierno chavista ha tratado de impulsar cultivos hidropónicos y de corte tradicional en edificios y terrenos baldíos de las ciudades. Los logros han sido pocos, a pesar de que creó un ministerio específicamente dedicado a la agricultura urbana. Ahora, con la caída de los ingresos en divisas que percibe el Estado y las sanciones internacionales, espera que el espíritu de resistencia de la población aflore como un incentivo para estas prácticas de subsistencia.
Al frente del Plan Conejo está Freddy Bernal, actual ministro de Agricultura Urbana, que organizó los llamados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), otra de las soluciones diseñadas por el Gobierno para superar las dificultades en la provisión de productos de consumo básico. Concebidos como células vecinales para la producción y distribución de alimentos, los CLAP se han implementado, sin embargo, como un mecanismo de reparto de cajas con productos de la cesta básica entre los seguidores del Gobierno. Los críticos del programa cuestionan su naturaleza clientelar y las corruptelas y sobreprecios a los que ha dado lugar por las compras escasamente supervisadas de mercancía importada desde países como México y Panamá.
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