De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, constituye una flagrante violación a la Constitución, toda vez que la Secretaría de Energía (SENER) usurpa funciones para incidir en forma ilegítima en las reglas del sector y las condiciones de competencia.
En un comunicado conjunto con otros organismos y asociaciones como la Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios, la Concamin, American Chamber, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, entre otros, el CCE cuestionó que dicho acuerdo se publicara sin respetar los procedimientos legales, lo cual representa un golpe a la certeza jurídica de las inversiones, causando serios daños al país como la pérdida de empleos y afectaciones para los proyectos eléctricos de distintas tecnologías en al menos 18 estados del país, que implicaban inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
Reprochó que dicho acuerdo haya entrado en vigor aun cuando ya ha generado protestas internacionales y a sabiendas de los riesgos por el desplazamiento de energías renovables y el encarecimiento de la energía en el país.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, se lee en el documento.
El CCE exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar las condiciones irregulares en que se emitió el acuerdo y revocarlo a la brevedad. Asimismo llamó a que se ponga fin a lo que consideró una campaña de manipulación informativa por parte de la Secretaría de Energía. Advirtió que se recurrirá a todas las instancias legales para que quede sin efecto.
“El sector privado – incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía – agotará todos los recursos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del estado de derecho en México y defender el sector energético mexicano como motor del desarrollo del país”, concluye el boletín.
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