Líderes legislativos de la alianza Va por México presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Revocación de Mandato, para lograr que esta ley sea eliminada y para demostrar, dijeron, que la alianza “está más unida que nunca”.
Este jueves, los diputados federales Luis Espinosa Cházaro, del PRD, Rubén Moreira, del PRI y Jorge Romero del PAN, coordinadores de sus respectivas bancadas, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que fue aprobada el 7 de septiembre pasado.
Romero dijo a la prensa que esta acción es la primera que realizan como coalición, ya que la ley les faculta a actuar en conjunto, al ser una alianza que fue electoral y ahora es legislativa.
A su vez, y luego de los rumores que hubo la semana pasada en el sentido de que la alianza podría fracturarse por el tema de la reforma energética, Espinosa Cházaro dijo que “está acción deja claro que estamos más unidos que nunca, que seguiremos en una coalición legislativa que defienda en el marco de las instituciones la democracia de nuestro país”.
Rubén Moreira dijo que “la coalición Va por México tiene horizonte legislativo y un horizonte electoral. Estamos próximos al inicio de las contiendas de 2022, y entonces esto demuestra que tenemos el horizonte y la ruta de ir juntos”.
Romero resaltó que como coalición tienen las facultades legales para interponer esta clase de recursos ante la SCJN.
“Esta coalición cuenta con los números constitucionales, también establecidos en el 105 constitucional, para poder siempre recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hoy lo estamos haciendo, con cada legislación secundaria que consideremos que sea inconstitucional”, dijo.
Agregó que se interpone el recurso debido a que la pregunta formulada en la ley secundaria de la reforma desvirtúa el objetivo de la misma.
Romero dijo que la acción constitucional radica en que la pregunta contenida en la ley secundaria desvirtúa el objetivo de la reforma constitucional, pues en lugar de preguntar simplemente a la gente si quieren que se revoque el mandato o no, lo que se hizo es preguntar si se le debe revocar o ratificar.
Es decir, se agregó la noción de ratificación y eso es indebido, aseguró.
“Con esta ley de revocación de mandato se amplía indebidamente la pregunta, porque en lugar de preguntar simple y categóricamente si se debe o no revocar el mandato, la desnaturaliza, ampliando la pregunta a si debe ratificársele el mandato”.
Esta ampliación de la pregunta se hizo por medio de una adición a una ley secundaria, lo cual es indebido, ya que contraviene lo que señala el artículo constitucional y ninguna ley secundaria pues ampliar o modificar un artículo constitucional. De ahí el señalamiento de inconstitucionalidad, dijo.
Por ese motivo, se interpuso el recurso, para que la SCJN determine si efectivamente la ley secundaria contraría la ley constitucional.
En la votación de septiembre pasado votaron a favor 290 legisladores, la mayoría de ellos de Morena y algunos de partidos de oposición.
A pesar de esos votos opositores, la postura oficial de las coordinaciones legislativas es contraria a esta ley, que permite al gobierno consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con que el presidente de la República permanezca en el cargo.
La consulta deberá ser organizada por el INE y su primer ejercicio sería, si sigue vigente, en 2022, para consultar la permanencia en el cargo de Andrés Manuel López Obrador.
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