La indiferencia e indolencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad costó a las empresas mexicanas casi 125 mil millones de pesos por concepto de diversos delitos, como extorsión, robo, fraude y otros.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, realizada por el Inegi, las empresas perdieron, por causa de la delincuencia, 124 mil 300 millones de pesos en 2023, equivalente a medio punto del Producto Interno Bruto (0.51%).
Las cifras son preocupantes:
-El 27.2% de todas las empresas o unidades económicas del país sufreiron algún delito en 2023. Un incremento de 24.6% con respecto a 2021.
-Cada negocio afectado perdió o gastó en promedio 54 mil 451 pesos por causa de la inseguridad, contando pérdidas y medidas de protección.
-Se trata de al menos 1.3 millones de establecimientos afectados.
-El delito más frecuente es la extorsión, con una tasa de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas.
-En segundo lugar se encuentra el robo con violencia de mercancía o dinero y el robo hormiga.
-La extorsión, el robo y el robo hormiga representan 58.8% de las denuncias.
Las tasas más altas de ilícitos contra empresas se registraron en Sonora, Aguascalientes y Querétaro. En tanto que las tasas más bajas están en Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, como ocurre con toda clase de delitos en el país, se estima que una mayoría de casos no fueron denunciados ante las autoridades, por lo que la cifra negra es un factor a considerar.
Según la ENVE 2024, la denuncia apenas cubre el 12.2% de los delitos ocurridos. Es decir que sólo el 12.2% de los delitos se denunciaron ante las autoridades en 2023, y apenas en el 9.7% se abrió una carpeta de investigación.
“En 2023 se denunció 12.2 % de los delitos ocurridos. De estos, en 79.4 % de los casos las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos (MP) abrieron carpetas de investigación. Del total de delitos, se abrió carpeta de investigación en 9.7 % de los casos”, detalla.
La cifra oculta o negra alcanza el 90.3% de los delitos, informa.
“En 90.3 % de delitos ocurridos (2.6 millones) no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación, a lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra. Al compararla con la de 2021, el cambio no resultó significativo. Este comportamiento fue similar por gran sector y por tamaño de las unidades económicas, a excepción de las pequeñas: estas indicaron una disminución de cifra negra de 89.2 a 86.8 por ciento”.
Añade que en una gran cantidad de casos, denunciar los delitos no llevó a nada: “Del total de delitos denunciados ante las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos por parte de las unidades económicas víctimas, en 59.8 % de los casos no sucedió nada con la carpeta de investigación o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Lo anterior equivalió a un total de 213 mil delitos de los 357 mil que se denunciaron”.
Los encuestados refirieron que no denunciaron porque se considera una pérdida de tiempo en el 33.4% de los casos. Tampoco se denuncia cuando el delito es de “poca importancia”.
Ello, a pesar de que 59.1% de los encuestados dijeron que la inseguridad y la delincuencia son los problemas que más las afectan. El segundo gran problema es la falta de apoyos del gobierno.
En esta problemática participa también la corrupción de las autoridades. “En lo que respecta a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia, 69.9 % de las unidades económicas consideró que la policía de tránsito de su municipio es corrupta”.
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