Un juez federal giró órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, y siete colaboradores más de su administración, acusados de peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa. Cuatro han sido detenidos, entre ellos quien fue su secretario de Finanzas.
Este sábado se informó que, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de Control con sede en Almoloya de Juárez otorgó las órdenes de aprehensión contra ocho personas que laboraron en el anterior gobierno michoacano.
Según las primeras informaciones, ya han sido aprehendidos cuatro de los imputados que fueron funcionarios durante el gobierno de Aureoles Cornejo: Carlos Maldonado Mendoza, quien fue secretario de Finanzas y Administración, arrestado en Miami y trasladado a la Ciudad de México; Juan Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, de la misma dependencia, así como Mario Delgado Murillo, delegados de Finanzas. Los últimos dos, detenidos en Morelia.
Durante este sábado circularon versiones de que Aureoles Conejo había sido capturado alrededor del mediodía en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, por la tarde, cuestionada por el asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la FGR no le había confirmado esa información.
La mandataria también fue cuestionada en su gira por Guanajuato acerca de si más exgobernadores están siendo investigados, a lo que respondió que eso “es un asunto de la Fiscalía General de la República”.
Aureoles Conejo fue gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, cargo al que llegó postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y antes había sido presidente municipal de Zitácuaro , diputado federal y senador. En 2023 incluso participó en el proceso en el que el Frente Amplio por México definió su candidatura presidencial.
Desde enero de 2024 el sucesor de Aureoles Conejo en la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció desvío de recursos que eran para la construcción de cinco cuarteles de Policía en la entidad, una cifra que rondaba los 5 mil millones de pesos.
