Tras el trámite que ayer dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República para deslindar las facultades de los estados para investigar a funcionarios federales, el gobierno de Chihuahua anunció que presentará un recurso de reclamación y uno de queja.
Mientras se define la facultad del estado, la SCJN determinó la suspensión de la investigación contra el presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 250 millones de pesos del erario a favor del PRI en la campaña electoral de 2016.
La controversia no reúne los elementos jurídicos necesarios para que fuese admitida, opinó Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, por lo cual no están de acuerdo con la postura de la SCJN.
Espinoza Cortés comentó: “La SCJN pretende proteger al presidente Peña Nieto al admitir la controversia constitucional no obstante que debió haber sido desechada por improcedente. La Consejería Jurídica del estado de Chihuahua presentara recurso de reclamación en contra del acuerdo que admite la controversia”.
El recurso de reclamación, explicó Espinoza Cortés, pretende la suspensión del acuerdo admisorio de la controversia constitucional para que vuelva a ser revisado por el pleno de la SCJN y no surta los efectos que busca el Ejecutivo federal.
En la mañana de hoy, durante una entrevista radiofónica, el gobernador Javier Corral comentó: “Vamos a impugnar estos acuerdos del ministro Medina Mora mediante dos instrumentos: un recurso por reclamación, con relación al acuerdo de admisión, que es a todas luces improcedente, y un recurso de queja, sobre todo de la forma en que ha colocado en un incidente de suspensión una obligación de entregar copia de las investigaciones”.
El mandatario del estado también expresó: “Solo se ha dicho que las investigaciones que Chihuahua ha realizado demuestran el modus operandi de la corrupción política nacional, que a través del desvío de recursos públicos y la triangulación de empresas fantasmas, allega recursos al PRI nacional”.
También dijo que la admisión de la controversia constitucional es inédita y notoriamente improcedente, “pero lo verdaderamente vergonzoso, escandaloso, son los términos de la suspensión que ordena entregar copia de todas las actuaciones reclamadas como inválidas”.
Espinoza Cortés también habló de que se pretende construir un esquema de protección que incluya a funcionarios y exfuncionarios relacionados con actos de corrupción, entre los que se encuentra el exgobernador del estado César Duarte.
De esa forma, estimó el consejero, se pretende darle a Peña Nieto un blindaje y protección contra cualquier acción judicial o ministerial.
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