El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad tres procedimientos de queja contra el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’, en materia de fiscalización durante la etapa de apoyo ciudadano, ya que acreditó financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos.
Rodríguez Calderón rechazó por su parte algunas de las acusaciones sobre los recursos para fondear su etapa de recolección de firmas, y dijo que en cuanto se le notifique, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar.
La autoridad electoral impuso tres multas por un total de 739 mil pesos, al comprobar un financiamiento irregular por 12 millones 800 mil 329 pesos, del que acordó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, explicó que Rodríguez Calderón obtuvo financiamiento irregular de tres actos: En el primero empleó a 652 personas, de las cuales se acreditó su calidad como servidores públicos de 29 dependencias de la Administración Pública del estado de Nuevo León, quienes fungieron como auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano. Por este hecho se impuso una multa de 377 mil 72 pesos.
“Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de cuatro mil pesos por auxiliar; de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este proyecto es de dos millones 608 mil pesos”, precisó Murayama.
En un segundo acto se le impuso al Bronco una sanción por 226 mil 243 pesos por un monto involucrado de cuatro millones 494 mil pesos, ya que simuló recibir recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”. La autoridad acreditó que, aun siendo Gobernador de Nuevo León, recibió aportaciones en efectivo de diversos entes impedidos, mediante aportaciones de personas físicas en calidad de simpatizantes.
“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, señaló Murayama.
En este punto se dio vista al SAT ya que los aportantes, las personas morales Dyjoma, SA de CV, y Comercializadora Zelcy, SA de CV, no cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se ubica en un mismo bien inmueble, a fin de que determine lo que a derecho proceda. También se da vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.
Por otra parte, se comprobó que mil 35 auxiliares recibieron pagos por la prestación de servicios para la recopilación de firmas de obtención de apoyo ciudadano, en favor del entonces aspirante Rodríguez Calderón por un total de seis millones 630 mil pesos, mediante “Tarjetas Saldazo Oxxo”, provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones, SA de CV, Grupo Comercial Gutren SA de CV, y Attar 2715 SC.
“En colaboración con la Banca, las empresas y con las autoridades financieras del país nos fue posible reconstruir el entramado completo, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón, que justifiquen una relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los recursos, otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto”, aseveró el Consejero Ciro Murayama.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó que haya actores que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones, por lo que llamó a todos los candidatos a que cumplan escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Subrayó que en el desahogo de estos procedimientos “hay indicios de que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación: como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, pero garantizó que la autoridad electoral ejercerá a cabalidad sus atribuciones fiscalizadoras, a fin de asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo hagan con equidad, trasparencia y utilizando exclusivamente los recursos de fuentes permitidas por la ley.
Al acreditar la participación de servidores públicos en labores que consistieron en la captación de apoyos ciudadanos en días y horas laborales, el Consejo General dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la probable comisión de un ilícito.
Rodríguez Calderón rechazó por su parte que haya triangulado recursos para fondear su etapa de recopilación de firmas, y aseguró que en cuanto se le notifique, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar.
No obstante, reconoció que para cumplir con la ley electoral que prohíbe a las personas morales hacer aportaciones a campañas, él sacó de una de sus empresas 280 mil pesos y los depositó a su cuenta personal, de donde se transfirieron a la asociación en la que se concentran los recursos para su campaña.
El candidato se autodefinió, no obstante, como “un perseguido” por la autoridad electoral: “quizás le caí gordo a los consejeros electorales por decir las cosas, pero no entiendo cuál sea la razón, porque los recursos son privados no públicos”, concluyó.
aml
