En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Salvador Cienfuegos Zepeda, dio un contrato por 20 millones de 635 mil 590 pesos a la empresa IBN Industrias Militares, para el blindaje de 79 camionetas de doble cabina tipo Cheyenne, propiedad del Ejército.
El dueño de dicha compañía es Francisco Arturo Ávila Anaya, empresario especialista en temas de seguridad, quien fuera promotor de la campaña de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de 2018; asimismo, un año después fue candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Aguascalientes.
El contrato, consultado por El Universal, fue firmado por Teodoro Figueroa Castro, subdirector de Adquisiciones de la Sedena y fue otorgado por adjudicación directa, luego de abrirse la convocatoria respectiva del 7 al 11 de junio de 2018.
El acta constitutiva de IBN indica que sus tareas son fabricar, procesar, ensamblar, preparar, comprar, vender, distribuir, importar, exportar, negociar y comerciar cualquier título o clase de blindaje y artículos relacionados con éste en vehículos y aeronaves.
Ávila Anaya también fue promotor activo de la creación de la Guardia Nacional, al asegurar que dicha corporación daría un giro positivo en el combate a la delincuencia. Sostuvo que los ejes estratégicos del plan de paz y seguridad nacional del gobierno de López Obrador son aquellos que atienden de fondo la problemática.
Como especialista en temas de seguridad, Ávila Anaya tiene frecuentes apariciones en los medios de comunicación en entrevistas y mesas de análisis sobre combate a la delincuencia organizada y sobre el sistema penitenciario en México.
De la información recabada por El Universal, se desprende que el empresario encabeza una fundación que lleva su nombre, a través de la cual dedica parte de su tiempo para ayudar a la población en condición de vulnerabilidad en Aguascalientes. Asimismo, en sus cuentas de redes sociales presume fotografías con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, así como con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
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