En la Ciudad de México, cinco padres de niños con cáncer obtuvieron un amparo por el que se les concedió una suspensión que obliga a la Secretaría de Salud a dotarlos de los medicamentos necesarios para al tratamiento del cáncer en sus infantes.
De esa forma, por orden de un juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, las autoridades de salud tienen un plazo de 24 horas para informar del cumplimiento de esa resolución.
El equipo jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue quien se encargó de tramitar el amparo colectivo indirecto contra el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esto es parte de la campaña “Yo te defiendo” que ese partido inició el jueves pasado para brindar asesoría gratuita a quienes han sido afectados por el desabasto de medicamentos que se registran en diversos centros de salud.
Para obtener el amparo los abogados recurrieron al artículo 126 de la Ley de Amparo, en el que se establece la suspensión en caso o actos que ponen en riesgo la vida de las personas. Además, el juez tomó en consideración criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tratados internacionales a los que se ha sumado México, en los que se establece que los solicitantes no pueden ser privados del suministro de los medicamentos que requieren”.
En su resolución, el juez expresó que “estimar lo contrario atentaría no sólo contra su salud física, sino además su propia vida, lo que revela la imperiosa necesidad de que se les suministren los medicamentos que requieren y han solicitado”.
El secretario general del PRD, Ángel Ávila, comentó que 35 abogados se encuentran trabajando para presentar quejas y amparos a favor los afectados, para cuyos servicios gratuitos las personas se pueden comunicar a los teléfonos 10858000 y 5578886557, y en el correo electrónico yotedefiendo@prd.org.mx.
Asimismo, hoy varios miembros de la Dirección General Colectiva Extraordinaria del partido estuvieron en la Secretaría de la Función Pública para presentar una denuncia de hechos contra varios funcionarios responsables del desabasto de medicamentos en los servicios de salud pública.
Los denunciados son cinco funcionarios: Arturo Herrera Gutiérrez, Thalía Concepción Lagunas Aragón y Luis Abel Roberto López, titular, oficial mayor y jefe de la Unidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente; Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria.
Los dirigentes del PRD señalaron que los delitos denunciados son omisión y daño a la hacienda pública porque no se realizaron las compras consolidadas en el tiempo que marca la ley, lo que originó un daño al erario y el desabasto de medicamentos en los centros de salud públicos.
Comentaron que también presentarán esta queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
