De todos los fierros calientes en las manos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ninguno tiene más potencial explosivo que el uso de todos los recursos de su cargo para meter a la cárcel a Laura Morán, la pareja por medio siglo de su hermano Federico, y a su hijastra, Alejandra Cuevas. El caso sintetiza el uso personal del aparato de procuración y administración de justicia del Estado mexicano y la forma como el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, a través de su fiscal, Ernestina Godoy, maniobró para el beneficio personal de Gertz Manero. Asimismo, provocó un efecto colateral pernicioso para el presidente Andrés Manuel López Obrador: el conflicto, in crecendo, entre el fiscal general y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
El origen de todo se sitúa en 2015, cuando Gertz Manero acusó a Cuevas y a Morán por el presunto delito de homicidio doloso por no haber cuidado a su hermano cuando estuvo enfermo en el hospital. La acusación fue desestimada en su momento porque no se encontraron elementos, concluyendo que Federico Gertz había muerto por una “congestión visceral generalizada”. Su hermano Alejandro, en ese entonces dedicado a asuntos particulares, no pudo hacer nada, pero poco después de llegar a la Fiscalía General, movió los resortes de su inmenso poder y reactivó el caso.
A través de Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, abogado para los asuntos personales de Gertz –incluso con ambos ya en la Fiscalía General–, que había trabajado con él en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, director de la Escuela de Derecho y apoderado jurídico de la Universidad de las Américas, AC, en la Ciudad de México, propiedad del fiscal, empezó a manipular la fiscalía capitalina para llevar a cabo lo que deseaba su amigo y jefe.
Ramos usó a Facundo Santillán, a quien conocía desde que fue asesor de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo presentó con Rodrigo de la Riva Robles, que era coordinador general de Investigación Estratégica –la vieja Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la fiscalía de Godoy–. De la Riva Robles, que murió por complicaciones de Covid-19 en octubre, era pieza de la entonces secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, en la fiscalía.
Cuando Rodríguez fue designada en julio del año pasado coordinadora general de Puertos y Marina, se llevó a De la Riva Robles, que le recomendó a Godoy a Santillán. Con la maquinaria judicial capitalina a su servicio, Ramos, con su viejo amigo y De la Riva Robles, comenzó a trabajar casi diario por las noches con ellos en su casa para la nueva embestida contra Morán y Cuevas. En menos de dos meses salieron los primeros resultados.
La fiscalía capitalina cambió sus criterios y pidió una orden de aprehensión contra Morán, de 94 años, y Cuevas, de 68, que es la única que se ejecutó. ¿Por qué el actuar solícito de la fiscal Godoy? “Porque le tiene terror a Gertz”, explicó un funcionario capitalino. Sheinbaum tampoco lo impidió, colocándose en el centro de un asunto personal.
A mediados de septiembre pasado, la jueza federal Patricia Marcela Díez Cerda invalidó esa orden de aprehensión porque era “incongruente, contradictoria y carente de motivación legal”. Pero con argucias legales Gertz Manero impidió que fuera puesta en libertad. La familia Cuevas apeló y el caso llegó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que iba a deliberar el 11 de noviembre el dictamen que, de acuerdo con fuentes del tribunal, estaba a favor del amparo para las señoras Morán y Cuevas.
El fiscal muy probablemente sabía cómo venía el dictamen y le pidió a Scherer, en ese entonces poderoso consejero jurídico de la Presidencia, que interviniera ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para que se modificara. Sin conocerse los detalles de los argumentos de Scherer, no intervino para que Zaldívar, en dado caso, influyera en el Poder Judicial a favor de Gertz Manero, lo que el fiscal, que había llegado al cargo por el apoyo del consejero jurídico, le reclamó airadamente.
La relación entre Scherer y Gertz Manero, que había sido muy buena y habían trabajado juntos los asuntos en la agenda anticorrupción del presidente López Obrador, se descompuso de manera dramática. A los reclamos enfurecidos del fiscal le siguió una fuerte tensión en la relación, que en las últimas semanas escaló. El fiscal abrió tres carpetas de investigación en contra del exconsejero jurídico, lo que ha generado turbulencias y divisiones en Palacio Nacional.
El enorme enojo de Gertz Manero contra Scherer, se puede conjeturar, es que al saber que el dictamen establecía que no se habían acreditado los elementos del resultado de la muerte de las inculpadas por el fiscal, necesitaba revertirlo porque no podía volver a tener un revés, sobre todo que ahora, como nunca, desde el cargo más poderoso en el país después del Presidente –aunque a veces parece estar por encima de él–, podía hacer mucho para ganarlo.
La discusión del dictamen se agendó el 11 de noviembre, pero dos días antes, el Consejo de la Judicatura Federal notificó a la familia Cuevas que, por solicitud del fiscal, la Suprema Corte había atraído el caso. Con este recurso, el proceso se alargará y la señora Cuevas seguirá presa. La sevicia del fiscal fue saciada y se entiende, porque como lo ha expresado en privado a varios funcionarios, lo más importante para él es el caso Cuevas-Morán.
Si en el camino inicia una guerra política y jurídica contra Scherer, donde se sabe cuándo comenzó pero no cuándo y cómo terminará, lastima a la delfín presidencial Sheinbaum al meterla a defender sus temas personales, y afecta la lucha anticorrupción de López Obrador. Serán daños colaterales, porque para Gertz Manero, hoy y siempre, lo que importa son él y sus objetivos. O sea, nada nuevo bajo el sol.
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